CARACAS.- El Parlamento de Venezuela, dominado por la oposición, inició el procedimiento para remover a los magistrados del tribunal supremo que firmaron dos sentencias arrogándose funciones legislativas, generando protestas y exhortos internacionales a respetar la democracia.
Pero la iniciativa necesita ser respaldada en los próximos días por al menos dos de los tres miembros del Poder Ciudadano -formado por la fiscal, el contralor y el defensor del pueblo- que en su mayoría están alineados con el presidente Nicolás Maduro.
La crisis política en Venezuela se agudizó la semana pasada cuando la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), integrada por siete magistrados, se atribuyó facultades del Parlamento, una decisión criticada por la fiscal y revertida parcialmente a petición de Maduro.
Miles de opositores salieron el martes a las calles a protestar asegurando que, a pesar del recule de la Justicia, existe en Venezuela una "dictadura" que apresa disidentes, viola derechos humanos y cercena al Congreso.
"Todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a los magistrados. No va a ocurrir en esta sesión, pero hoy comienza el procedimiento de remoción de estos magistrados", dijo el diputado opositor Juan Miguel Matheus.
Más temprano, el expresidente del Congreso, Henry Ramos, insistió en que "el golpe de Estado sigue", al opinar sobre las sentencias modificadas.
Venezuela atraviesa una grave crisis, con la inflación más alta del mundo, recesión económica y escasez por las que la oposición culpa a Maduro. Pero el mandatario de 54 años dice que son sus adversarios los responsables por llevar a cabo una "guerra económica" contra su administración socialista.
Para la sesión de este miércoles, la mayoría de los diputados llegó al hemiciclo de madrugada buscando garantizar el debate que en la víspera tuvo que ser suspendido porque la policía y grupos de choque que apoyan al gobierno les impidieron el paso.
La oposición convocó nuevamente a sus huestes a salir el jueves a las calles para presionar por la libertad de un centenar de presos políticos y la convocatoria a elecciones generales.