Mundo

Orden político y movilización social, lecciones desde Brasil

10 febrero 2014 5:6 Última actualización 08 julio 2013 5:42

[Bloomberg]


 
 
Sughei Villa Sánchez *

Las protestas masivas, desatadas por la medida gubernamental de aumentar en 20 céntimos de real el costo del transporte público en Brasil, ponen de manifiesto cómo las decisiones del Estado tienen consecuencias directas sobre el desarrollo de la sociedad. Más allá de ser una medida puntual que impactaría negativamente a la población de menores ingresos, el motivo de fondo de la movilización es la ineficacia del Estado brasileño para atender simultáneamente las demandas de bienestar social y el malestar ciudadano por la corrupción.
 

La estrategia de asignación del gasto público del Estado brasileño privilegió la creación de infraestructura de cara al Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, incurriendo en un gasto de 14,000 millones de dólares. Tal gasto es excesivo en un contexto en que la población demanda mejores políticas de bienestar social (de salud, educación, vivienda, transporte y otros rubros), a pesar de que Brasil es el país latinoamericano que realiza el mayor gasto social como porcentaje del PIB (24.7%) —un nivel que resulta muy cercano al promedio de los países de la OCDE (28%)—, ha logrado reducir casi 20% la pobreza en 10 años (de 37.5 % en 2001 a 20.9% en 2011), ha disminuido la desigualdad y ha generado una clase media numerosa.
 
La inversión en infraestructura deportiva en detrimento del gasto social y los escándalos de corrupción que se han presentado en los últimos meses, han sido el caldo de cultivo propicio para estas protestas. La crisis de legitimidad por la que atraviesa el gobierno en Brasil refiere, a su vez, una crisis de valores: los ciudadanos manifiestan su hartazgo de la clase política corrupta.
 
Del caso brasileño es posible extraer tres lecciones. La primera es que el éxito económico no es la panacea para los problemas sociales. La escena internacional registra también casos como Chile o Túnez, en donde la prosperidad económica se ha visto ensombrecida por el incremento de la presión social sobre los líderes políticos.
 

La segunda es que la composición del gasto público expresa, por sí misma, los objetivos que se ha fijado un Estado para atender las demandas y las necesidades sociales. Los ciudadanos tienen plena conciencia de ello y reaccionan consecuentemente.
 

Finalmente, la tercera es que las sociedades no sólo demandan gobiernos eficaces y eficientes sino también gobiernos éticos. Un orden político democrático debe satisfacer las demandas sociales crecientes y aplicar la justicia para todos, acabando con la impunidad.
 
 
Las protestas en Brasil nos enseñan que la erosión de la legitimidad procede —como sostiene Hanah Arendt— tanto de la incapacidad de las instituciones gubernamentales para funcionar adecuadamente como de la descomposición del código de ética de los gobernantes. Si bien las manifestaciones muestran que la población prefiere que el gasto público millonario se destine a necesidades sociales, la demanda que aglutina al grueso del movimiento es acabar con la impunidad y la corrupción. Esto último resulta especialmente aleccionador para el caso mexicano.

* Profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac – México Norte.
 
 
 
 
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