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Operación Rápido y Furioso fue irresponsable: Estados Unidos 

La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia aseguró que la operación de trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México fracasó en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de ambos países. 
Agencias 
11 febrero 2016 22:1 Última actualización 12 febrero 2016 5:0
En 2015 EU vendió 253 mil armas. (Especial)

En 2015 EU vendió 253 mil armas. (Especial)

WASHINGTON.- La operación Rápido y Furioso de trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México fue “supervisada de manera irresponsable” por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y la Fiscalía en Phoenix, concluyó un reporte de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia.

Sostuvo que tanto la oficina local de la ATF, como los fiscales federales, “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México”. “Encontramos que los cuarteles generales de la ATF y el liderazgo de la Oficina de Fiscales fallaron en ejercer una supervisión adecuada de la operación a la luz de sus riesgos y de nuestra relación con México”, sentenció el documento de 26 páginas y anexos.

La operación Rápido y Furioso fue conducida de 2006 a 2011 por la ATF y permitió el trasiego ilegal “supervisado” de más de dos mil armas de Estados Unidos a México, como parte de un operativo estadounidense contra el Cártel de Sinaloa. Las armas fueron a parar en su mayoría a manos del crimen organizado.

El nuevo reporte de la OIG, solicitado para evaluar sus propias recomendaciones originales, atribuyó una parte de la responsabilidad del fracaso del operativo al liderazgo de la ATF en Washington.

Apenas el pasado 19 de enero, la jueza federal Amy Berman dictaminó que el presidente estadounidense Barack Obama no puede invocar “privilegio ejecutivo” y debe entregar al Congreso documentos conectados con “Rápido y Furioso”.

Aunque el mandatario ha hecho llegar más de 64 mil documentos a los legisladores, había invocado “privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los archivos que su gobierno estaba dispuesto a entregar en relación con la pesquisa de la Cámara de Representantes.

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