BRASILIA.- El Tribunal Superior Electoral de Brasil notificó ayer oficialmente a la presidenta Dilma Rousseff sobre una demanda que la acusa de haber cometido irregularidades durante su campaña de reelección en 2014, que podría costarle el cargo.
La acción fue iniciada el año pasado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que denunció a Rousseff por diversas prácticas ilegales, como abusos con cadenas nacionales de televisión, manipulación de datos socio-económicos, uso indebido de predios públicos y propaganda electoral en períodos de veda.
El PSDB también presentó indicios que pudieran sugerir que parte del dinero desviado de las corruptelas en la paraestatal Petrobras, en las que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, también estaría involucrado, fue usado para financiar su campaña, todo lo cual resumió en una acusación de abuso acumulado con perpetración de fraude.
El caso se refiere a la campaña para los comicios de 2014, en los que la mandataria fue reelegida en segunda vuelta con el 51.64 por ciento de los votos y derrotó al senador Aécio Neves, candidato del PSDB, quien obtuvo un 48.36 por ciento.
La justicia electoral indicó que, una vez hecha la notificación oficial, Rousseff contará con un plazo de siete días para presentar su defensa, por lo que deberá hacerlo antes del próximo jueves.
TEMER INVOLUCRADO
El proceso abierto por el tribunal electoral también afecta al vicepresidente, Michel Temer, quien fue reelegido en la misma fórmula y, de ese modo, sería considerado copartícipe de las supuestas irregularidades cometidas en la campaña.
Este proceso corre en paralelo a los trámites iniciados por el Congreso para un posible juicio político con miras a la destitución de la mandataria, por maniobras destinadas a maquillar los resultados fiscales del gobierno durante los años 2014 y 2015.
La Cámara de Diputados inició ese trámite en diciembre, pero se vio obligada a suspenderlo por errores de procedimiento detectados por la Corte Suprema, que ordenó reiniciar todo el proceso.
Las cámaras legislativas de Brasil estuvieron en reces o desde fines de diciembre pasado y reanudaron sus actividades a penas el martes.
Sin embargo, el proceso contra Rousseff está paralizado, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha pedido algunas aclaraciones sobre la sentencia del Supremo que determinó el reinicio de los trámites.