Autoridades fiscales de Panamá y el bufete de abogados Mossack Fonseca señalaron este martes que la creación de una sociedad offshore es responsabilidad de quien la tenga y haga uso de ella, por lo que esa actividad no es un delito en Panamá ni en el resto del mundo.
En cambio, el único delito existente después de la filtración de miles de documentos sobre cuentas offshore en paraísos fiscales es la "violación al derecho de confidencialidad o privacidad por el mal uso de los documentos que se filtraron", dijo Sara Montenegro, directora de asuntos legales de la firma.
El domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la investigación The Panama Papers en la que revela una serie de nombres de funcionarios públicos de alto nivel, empresarios y celebridades involucradas en el desvío de recursos a paraísos fiscales alrededor del mundo.
En un enlace entre Colombia, México y Panamá con Prisa Radio Panamá, en el programa Panamá Hoy, Montenegro explicó que "para diferenciar responsabilidades, se dijo que Mossack está obligada, como firma no financiera, a saber quién es el cliente, tener información de las actividades a las que se dedica la compañía y dónde ésta las realiza, pero el cliente es responsable del uso que hace de sus sociedades".
"El principio de protección de confidencialidad de la información entre el cliente y el abogado está protegido por las leyes no sólo de Panamá, sino en todos los países del mundo". Y agregó: "Nadie se ha puesto a pensar en el daño que se le está haciendo al Estado de derecho en el que debemos convivir".
Por su parte, el fiscal de Cuentas de Panamá, Guido Rodríguez, dijo que Panamá acaba de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional precisamente por los esfuerzos que ha hecho la administración panameña en adaptar las normas internas a los estándares internacionales en materia financiera para prevenir y evitar que se haga mal uso de los servicios financieros.
Montenegro dijo que Mossack Fonseca no ha sido contactada por autoridades de ningún país, no ha sido investigada ni se han levantado cargos en su contra, pues Los papeles de Panamá es un trabajo únicamente de índole periodístico.
Según los estándares internacionales de debida diligencia, no es un delito tener un cliente que sea una persona políticamente expuesta (PEP); en todo caso lo que procede es que a todas las personas que tienen un cargo en una institución gubernamental se les haga una "debida diligencia ampliada", y eso es lo que hizo la firma con los políticos y empresarios que aparecen en la lista, dijo.
Añadió que, cuando una de estas personas con perfil PEP es señalada o investigada por un acto de corrupción, la firma inicia todos los procesos regulatorios para poder desvincularse de la sociedad y cumple con la obligación de colaborar con las autoridades pertinentes.
Respecto a cómo se comprueba el origen legal de los fondos, Mossack Fonseca, dijo la abogada, no capta fondos de terceros. "A lo que se dedica el despacho jurídico es a la incorporación de vehículos societarios y a la prestación de servicios legales, pero no al recibimiento de dinero, a la triangulación de dinero o la apertura de cuantas para los clientes".
Explicó que son las instituciones financieras las que están obligadas a hacer esa verificación.
Mossack Fonseca no tiene oficinas en México ni tiene programado abrir alguna, y tampoco ha sido contactada por autoridades mexicanas de ningún nivel, aseguró Sara Montenegro.
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