BUENOS AIRES.- La muerte del fiscal que acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a Irán en un ataque terrorista desató hoy una crisis política y un clima de incertidumbre por el futuro que tendrá la investigación.
Hace sólo cinco días, Alberto Nisman, fiscal especial que investigaba el ataque ocurrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), provocó un escándalo al acusar a la presidenta de haber negociado la impunidad con los terroristas.
Nisman, de 51 años, imputó a Fernández de Kirchner, al canciller Timerman y a los dirigentes sociales Luis D'Elía y Fernando Esteche, y aseguró que este lunes presentaría pruebas ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
La versión del fiscal era que la presidenta les ofreció impunidad a los iraníes para reanudar las relaciones comerciales bilaterales e intercambiar petróleo por granos argentinos.
También aseguró que la maniobra culminó con el Memorando de Entendimiento que Argentina e Irán firmaron en 2013 y a través del cual la república islámica se comprometió a permitir que los imputados fueran interrogados en Teherán, cosa que finalmente jamás ocurrió.
Nisman añadió que Argentina le ofreció a Irán, en negociaciones ocultas, eliminar la "alerta roja" de Interpol que pesa sobre los iraníes acusados del ataque a la AMIA, lo que tampoco sucedió porque la orden de detención siempre estuvo vigente.
La denuncia de Nisman fue respaldada por la influyente prensa opositora argentina, en tanto que el gobierno, en voz del canciller, rechazó cada una de las acusaciones y advirtió que no hablaría más del tema para no prestarse al "show mediático" que estaba haciendo el fiscal.
Timerman apuntó, además, a una venganza de un exespía al que supuestamente respondía Nisman y que había sido desplazado de la Secretaría de Inteligencia.
Las organizaciones judías tomaron con cautela la denuncia, a diferencia de la oposición, que trató de aprovechar políticamente el caso en este año electoral, ya que en octubre próximo se realizarán comicios generales para elegir al sucesor de Fernández de Kirchner.
Los familiares de las víctimas de la AMIA cuestionaron a Nisman, quien fue nombrado fiscal de la causa en 2005 por el fallecido expresidente Néstor Kirchner, aunque años después los cables de Wikileaks revelaron que era un asiduo visitante e informante de la embajada de Estados Unidos en Argentina.
La propia Interpol aseguró que Nisman mentía, ya que el gobierno argentino nunca sugirió levantar las "alertas rojas" en contra de los iraníes, aunque el fiscal insistió en que tenía como pruebas escuchas telefónicas.
El juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, criticó a Nisman y advirtió que podía apartarlo del caso por haber realizado una investigación paralela, sin avisarle, y mediante escuchas que podrían ser ilegales.
La denuncia de Nisman demostró, una vez más, la polarización en la que el país está sumido desde hace años, ya que para los kirchneristas sólo se trataba de una operación política y para los antikirchneristas demostraba la culpabilidad de la presidenta, sin mayores investigaciones.
Esta polarización aumentó este lunes, apenas se confirmó que el fiscal había sido hallado muerto en su departamento, apenas horas antes de su comparecencia ante el Congreso, con indicios de un suicido que ya es cuestionado por quienes prefieren creer que fue un asesinato del poder.
Sin embargo, la muerte de Nisman a quien más afecta es precisamente al gobierno, porque para una parte de la opinión pública quedará fija la idea de que murió por haber investigado a la presidenta.