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Medidas del gobierno venezolano son inconstitucionales

01 febrero 2014 8:59 Última actualización 30 noviembre 2013 10:42

  [Comerciantes de electrodomésticos fueron obligados a bajar los precios y los acusó de usura, especulación e ilícitos cambiarios. / Reuters] 


 
Notimex
 
Caracas.- Las medidas de allanamiento y obligación de vender productos bajo el costo, que fueron aplicadas este mes por el gobierno venezolano a los comerciantes, son inconstitucionales, señaló hoy el abogado Luis Alfonso Herrera.
El experto dijo que esas medidas están fuera de la Constitución venezolana porque se hicieron sin el debido proceso y violan la garantía del Estado de Derecho.
"En esta guerra económica sin cuartel el gobierno se excedió y, además de transgredir la propiedad, violó el derecho a la legítima defensa", agregó el abogado constitucionalista y catedrático de la pública Universidad Central de Venezuela (UCV).
Recordó que los comerciantes de electrodomésticos fueron obligados por el gobierno a bajar los precios y los acusó de usura, especulación e ilícitos cambiarios, "fueron expuestos al desprecio público y se les negó el derecho a la defensa".
Herrera recalcó que medidas como la orden de bajar los precios y vender toda la mercancía, dada por el presidente Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, violan procedimientos establecidos en la propia legislación venezolana y podrían ser objeto de impugnación.
"Los comerciantes fueron condenados en cadena nacional, por lo que se les violaron sus derechos constitucionales a la defensa, presunción de inocencia, debido procedimiento administrativo, tutela judicial efectiva y el derecho a la propiedad", acotó.
Herrera denunció que, "en su desatino, los fiscales impusieron sanciones en el mismo acto de la inspección presumiendo la culpa del propietario de la tienda".
En varios casos, consignó el jurista, esta situación "fue aprovechada por antisociales que se dieron a la tarea de saquear comercios, creándose un verdadero caos" en las zonas aledañas a los comercios "fiscalizados".
Sostuvo que normativas como la fijación de precios y la intervención en toda la cadena de distribución sólo será posible mediante un Decreto de Estado de Excepción por emergencia económica, como el que hubo en el gobierno de Rómulo Betancourt en la década de los años 1960.
El catedrático sentenció que se debió abrir un procedimiento en cada caso, sustanciar un expediente y consignar todas las pruebas sobre los presuntos ilícitos cambiarios.
En este caso, sin embargo, "se han presumido irregularidades, porque el gobierno así lo asume sin pruebas", enfatizó el abogado constitucionalista.
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