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Magistrado guatemalteco se suicida

Cesar Crisóstomo Barrientos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, se vio afectado en los últimos meses por un escándalo de su hijo Cesar Barrientos, que es procesado por delitos relacionados a la trata de personas para pederastas.
Associated Press
02 marzo 2014 12:32 Última actualización 02 marzo 2014 12:32
pistola

pistola

GUATEMALA.- Cesar Crisóstomo Barrientos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y considerado uno de los impulsores de la modernización del sistema de justicia penal en el país, se suicidó la mañana del domingo de un disparo en la cabeza, informó uno de sus colegas.

Barrientos se vio afectado en los últimos meses por un escándalo de su hijo Cesar Barrientos, que es procesado por delitos relacionados a la trata de personas para pederastas. El Ministerio Público investiga y acusa al hijo del magistrado fallecido de organizar y participar en una red que ofrecía por catálogo a menores de entre 13 y 17 años para servicios sexuales.

Gabriel Medrano, expresidente de la Corte Suprema confirmó vía telefónica a The Associated Press la muerte de Barrientos, luego de haber sido trasladado con vida a un hospital del departamento de Mazatenango, 160 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, donde falleció.

Medrano explicó que Barrientos realizaba una caminata junto a dos guardaespaldas cuando sucedió el hecho.

"Es terrible lo que ha sucedido, era una persona sumamente sensible, muy preparado y preocupado por el país y por la justicia especialmente en el país" dijo Medrano.

El magistrado era doctor en derecho y considerado uno de los impulsores de modernizar el sistema penal guatemalteco. Fue director de programas de modernización judicial y legislativa en Guatemala, Honduras y Nicaragua y ex director de la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala, de la Unidad de Transformación de Justicia Penal del Organismo Judicial de Guatemala.

Barrientos fue el promotor de revocar la pena de muerte de 53 reos guatemaltecos condenados por diversos delitos tras determinarse que se violaron sus derechos y el debido proceso. Tras la revocatoria, el sistema judicial guatemalteco dejó de imponer la pena de muerte establecida en las leyes internas del país.

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