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Maduro arrebata poder a la Fiscalía General y se lo otorga a chavistas

El tribunal quitó parte de las competencias de la Fiscalía General de la República, crítica al gobierno de Nicolás Maduro, para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo.
Corresponsal Lissette Cardona 
28 junio 2017 21:15 Última actualización 29 junio 2017 5:0
La fiscal general, Luisa Ortega, denunció ayer que el gobierno de Miraflores impone un terrorismo de Estado.

La fiscal general, Luisa Ortega, denunció ayer que el gobierno de Miraflores impone un terrorismo de Estado.

CARACAS.- Mientras los venezolanos eran testigos del sobrevuelo de un helicóptero de la policía científica, que presuntamente lanzó, la tarde del martes, varias granadas sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, sus magistrados, al interior, ultimaban los detalles de dos polémicas sentencias con las que se profundiza la crisis en Venezuela.

En la primera, el tribunal quitó parte de las competencias de la Fiscalía General de la República, crítica al gobierno de Nicolás Maduro, para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo. La otra anula el reciente nombramiento del vicefiscal general, Rafael González, y deja la designación de un sucesor en manos del Supremo, controlado por el chavismo.

El defensor Tarek William Saab negó que exista una usurpación de funciones hasta ahora reservadas al Ministerio Público, pero la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, desconoció las decisiones porque provienen de “magistrados ilegítimos”. Además acusó al gobierno de tener intenciones de desmantelar el Estado.

“Estas sentencias son para acomodar decisiones que interesen a un grupo o sector. Alguien quiere investigaciones penales a su medida, esto es un terrorismo de Estado”, afirmó Ortega, quien fue citada por la Corte Suprema el 4 de julio a una audiencia que decidirá si es enjuiciada, ante lo que le prohibió salir del país.

El gobierno de Maduro, quien ayer insistió en que se cometió un “un intento de golpe de Estado”, acusó a Óscar Pérez, el agente de la policía científica que disparó contra el Tribunal Supremo y el Palacio de Miraflores, con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, indicó que Pérez fue el piloto de uno de sus antecesores en esa cartera, el militar retirado Miguel Rodríguez Torres, quien mostró su descontento con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero el exministro negó cualquier nexo.

Reverol libró una alerta roja a la Interpol para capturar Pérez y al exministro. Contraria a la versión de un alzamiento militar ofrecida en cadena nacional por el ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas, Reverol calificó la acción como un hecho aislado.

Por su parte, el canciller Samuel Moncada, criticó el “silencio” internacional ante lo sucedido. Acusó a Estados Unidos, México y la Unión Europea por su complicidad y agradeció la solidaridad de Bolivia, Cuba, Ecuador y Turquía. “Están protegiendo a los autores del hecho con su complicidad e ignorancia fingida”, señaló el responsable de la diplomacia venezolana. El presunto ataque levantó suspicacias entre los opositores, debido a que el funcionario policial también es actor y protagonizó una película, financiada por Maduro.

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