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Ley sobre desapariciones forzadas, en junio: SRE

Ante la ONU, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Reiaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, afirmó que México cumplirá las recomendaciones del organismo. En tanto, en el Parlamento Europeo recibirán a padres de normalistas desaparecidos en Iguala.
Roxana González
03 febrero 2015 22:1 Última actualización 04 febrero 2015 5:0
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, durante su intervención en la ONU. (AP)

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, durante su intervención en la ONU. (AP)

GINEBRA.- México tendrá a más tardar en junio, antes de que concluya la legislatura del Congreso, una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, aseguró Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, tras afirmar que el gobierno federal acatará y cumplirá las recomendaciones que en dos semanas enviará el comité respectivo de Naciones Unidas.

“Es un reto inmediato”, destacó Gómez Robledo al precisar que “de acuerdo con la fórmula constitucional de distribución de competencias que rige en México, se requiere que sea la Constitución la que habilite al Congreso para expedir una ley general en esta materia”, como se explicó por escrito al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que ayer concluyó su examen de la situación de México. El documento, insistió, establece que se trata de un “trámite necesario para homologar en todo el país el tipo de desaparición forzada”.

El funcionario de la SRE afirmó que se “dará seguimiento y cumplimiento” a las recomendaciones de la comisión y anticipó que abordarán “los desafíos que todavía tiene México, tanto desde el punto de vista legislativo como el de políticas públicas”, expresó.

Asimismo, dijo que se subsanará la inexistencia de un registro exclusivo de desapariciones, al reconocer que hay un archivo “que mezcla personas no localizadas y eventualmente desaparecidas forzadamente”.

En los trabajos aquí, donde la delegación mexicana no pudo aclarar la discrepancia entre mil 300 individuos desaparecidos, según datos del comité y 500 que reconoce el informe oficial presentado, los relatores de la ONU cuestionaron el arraigo y la inclusión de detenidos en centros oficiales en la propia lista de desaparecidos de las autoridades.

LOS RELATORES

El relator Juan José López Ortega preguntó si no hay una forma de comparar los registros de centros penitenciarios, para inmigrantes y de prisión preventiva con los de las personas desaparecidas.

En cuanto a los menores inmigrantes, Rainer Huhle pidió explicar que acciones se desarrollan para protegerlos en las rutas que utilizan para tratar de llegar a Estados Unidos, así como los mecanismos para rescatarlos y restituirlos a sus familias.

Grupos civiles pidieron al comité que se nombre a un relator especial para investigar el paradero de miles de desaparecidos. Denise González, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expuso que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no es un hecho aislado, pues el fenómeno criminal toma las dimensiones de una “crisis humanitaria”, que el gobierno no quiere reconocer.

Algunos de los padres de las víctimas rendirán testimonio mañana, ante el Parlamento Europeo en Bruselas.

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