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Legisladores catalanes declaran ante Tribunal Constitucional

Carme Forcadell, fue la primera en declarar ante el juez Pablo Llarena y dos fiscales. Al igual que otros cinco miembros de la mesa del parlamento catalán, afronta posibles cargos de rebelión, sedición y malversación.
AP
09 noviembre 2017 6:44 Última actualización 09 noviembre 2017 6:45
Carmen Forcadell

La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, al llegar al Tribunal Constitucional. (Reuters)

MADRID.- Seis legisladores catalanes declaraban ante un juez español por las acusaciones de que ignoraron las órdenes del Tribunal Constitucional español y permitieron una votación sobre la independencia de Cataluña en el parlamento regional.

La presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, fue la primera en declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y dos fiscales. Al igual que otros cinco miembros de la mesa del parlamento catalán, afronta posibles cargos de rebelión, sedición y malversación.

Estos delitos podrían suponer penas de prisión de hasta 30 años, según la legislación española.

El juez tendrá que decidir tras tomarles declaración si se decretan medidas cautelares -incluida la prisión preventiva- mientras prosigue la investigación.

La declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlamento catalán fue boicoteada por la mayoría de los legisladores de oposición, pero se celebró pese a órdenes judiciales previas. El texto se aprobó por 70 votos a favor y 10 en contra en la cámara de 135 escaños.

Las autoridades centrales españolas adoptaron la medida sin precedentes de intervenir la acomodada región poco después, la primera vez en cuatro décadas de democracia que una de las 17 comunidades autónomas españolas pierde temporalmente su capacidad de autogobierno.

España destituyó al gobierno regional, disolvió el parlamento catalán y convocó nuevas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

El expresidente regional Carles Puigdemont y cuatro exmiembros de su destituido gobierno huyeron a Bruselas, donde tratan de evitar órdenes españolas de arresto y extradición.

En una carta subida este jueves a medios sociales, los cinco pidieron apoyo para los partidos independentistas en las próximas elecciones catalanas.

“Toca expulsar de las instituciones (catalanas) a aquellos que quieren hacerlas suyas con un golpe de Estado”, tuiteó Puigdemont, aludiendo a la decisión del gobierno español de asumir las competencias del gobierno catalán.

Puigdemont, que probablemente se presentará como candidato por su partido centroderecha PDeCAT, dijo que viajó a Bélgica para ganar apoyos en Europa por la causa catalana, y que no intenta huir de la justicia.

Aunque ningún país se ha puesto de su lado públicamente, su presencia en la capital belga está sembrando divisiones en la clase política. En la carta del jueves, los miembros del destituido gobierno regional criticaron a la Unión Europea por hacer oídos sordos a la situación de los catalanes.

“Los tiempos que pasemos entre rejas españolas o en el exilio no serán en vano si seguimos unidos en la defensa de Cataluña y en la denuncia de la decadencia democrática del estado español”, afirmó la carta.

Dos activistas y ocho miembros del destituido gobierno catalán están ya en prisión, mientras la Audiencia Nacional española estudia posibles cargos de rebelión y sedición en su contra. Otro exconsejero catalán fue liberado bajo fianza, aunque sigue bajo investigación.

Forcadell sigue siendo la presidenta del parlamento regional y lidera una comisión de dos docenas de legisladores durante el periodo de transición hasta los comicios del mes que viene.

El Tribunal Supremo demoró las declaraciones durante más de una semana después de que los abogados de la defensa alegaran que no había tenido tiempo suficiente para prepararse.

Unos 100 simpatizantes corearon “No estáis solos” a la llegada de los legisladores al edificio del Tribunal Supremo en Madrid, mientras la policía mantenía aparte a un puñado de manifestantes contrarios a la independencia, que portaban banderas de España y gritaban “No nos engañan, Cataluña es España”.

Fina Surina, de 48 años, hizo un viaje de nueve horas durante la noche desde la localidad catalana de Besalu para acompañar a los legisladores.

“Están haciendo un sacrificio personal enorme en esta lucha a largo plazo por la independencia”, afirmó.

Cataluña, con 7.5 millones de habitantes, supone en torno a un quinto del producto interno bruto de España. Los sondeos muestran que su población está dividida aproximadamente a la mitad en la cuestión de la independencia.

El gobierno independentista de la región afirmó que el ilegalizado referendo de secesión del 1 de octubre les daba un mandato para declarar la independencia.