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Legislación brasileña impide calificar como delito espionaje de EU

Sólo se podría pensar en iniciar una demanda judicial, en foros y tribunales internacionales, y buscar la aplicación de un castigo "si el hecho fuese punible también en el país desde donde se practicó, indican senadores brasileños.
Associated Press
05 abril 2014 18:25 Última actualización 05 abril 2014 18:25
 [La visita de Estado, programada para octubre, se volvió incierta después de las denuncias de espionaje / Reuters] 

La presidenta brasileña Dilma Rousseff protestó enérgicamente contra el espionaje. (Reuters/Archivo)

BRASILIA.- Senadores de Brasil que investigaron las denuncias de espionaje de Estados Unidos contra el país sudamericano concluyeron que la legislación nacional impide calificar esa acción como un delito, según un documento que los parlamentarios difundirán oficialmente el miércoles.

"Es improbable la comprobación de la materialidad de delito y, consecuentemente, la indicación de autoría", según registra el informe al que AP tuvo acceso.

La afirmación se basa en que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional brasileña, un espionaje sólo puede ser considerado un delito "si las conductas fueron practicadas en Brasil", de acuerdo con lo que escribieron los integrantes de la cámara alta.



Los senadores brasileños subrayaron que, además, debido a esa norma sólo se podría pensar en iniciar una demanda judicial, en foros y tribunales internacionales, y buscar la aplicación de un castigo "si el hecho fuese punible también en el país desde donde se practicó".

Como en Estados Unidos la vigilancia de inteligencia extranjera está combinada a la Ley Patriota -autorización que prescinde de permiso judicial para que organismos de seguridad del país norteamericano intercepten llamadas telefónicas y correos electrónicos de organizaciones y de personas sospechosas de tener vínculos terroristas- eso hace que, según la ley brasileña, lo que se practicó contra Brasil desde Estados Unidos no sea considerado delito.

La investigación se llevó a cabo luego de que Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés), filtrara a la prensa documentos secretos que revelaban que Washington ejercía programas de vigilancia masiva en las comunicaciones de su población, así como en la de otros países, incluidos jefes de Estado. La presidenta brasileña Dilma Rousseff protestó enérgicamente contra dicho espionaje.

"No hay razón para que esta comisión parlamentaria de investigación avance en la averiguación (de las denuncias de espionaje atribuidas a Estados Unidos)", indicó el texto finalizado por el redactor del grupo, senador Ricardo Ferraço, quien forma parte de la base oficialista ante el Parlamento.

Ferraço integró una Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado de Brasil que a lo largo de los últimos siete meses analizó las denuncias de Snowden.

A su vez, el senador propuso -entre otras seis sugerencias para contrarrestar la vulnerabilidad de su país a actos de espionaje- que es "fundamental que se reglamente las actividades de inteligencia de manera más clara, así como más aportes financieros para acciones de contrainteligencia.

El reporte de Senado apuntó que en 2012 el presupuesto de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) fue por 527.7 millones de reales (unos 235.3 millones de dólares). El valor es pequeño si se le compara con los 52.600 millones de dólares que los organismos del área de inteligencia estadounidense habrían recibido en aquel mismo período, según informaciones que los senadores atribuyen a Snowden.

"Es importante que los servicios secretos (brasileños) tengan legislación específica para atender a sus necesidades presupuestarias", señaló el consultor del Senado para asuntos de inteligencia, Joanisval Brito Gonçalves.

Consideró también que "casi tres décadas tras el fin del periodo (de gobierno) militar en Brasil (1964-1984), la actividad de inteligencia aún es vista como algo ilegítimo y relacionado a la dictadura".

Entre otras propuestas, la comisión parlamentaria sugiere que se apruebe cuanto antes una nueva legislación para los servicios de inteligencia, pues las normas actuales son anacrónicas y dejan el país vulnerable a espías internacionales.

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