CIUDAD DE MÉXICO. Fueron necesarios 43 minutos de agonía por los que atravesó el asesino convicto Clayton Lockett ––lapso en el que se convulsionó, trató de hablar y de bajarse de la camilla del verdugo en la Penitenciaría Estatal de MacAlester, Oklahoma––, para que se reabriera el debate sobre la pena capital en Estados Unidos, donde el sistema carcelario enfrenta una aguda escasez de químicos, lo que ha obligado a improvisar mezclas para las inyecciones letales que no garantizan, como en el caso de Lockett, el derecho constitucional a una ejecución con el mínimo dolor posible.
La fallida ejecución de Lockett el 29 de abril dio la razón a sus abogados, que como en el caso de Dennis McGuire en Ohio en enero, intentaron detener el cumplimiento de la sentencia hasta que las autoridades revelaran los compuestos que se utilizarían, por primera vez, en la inyección que se le aplicó. McGuire agonizó durante 26 minutos, en los que se asfixió y convulsionó.
La suerte del reo llevó a que el dos de abril una juez federal suspendiera las ejecuciones del estadounidense Tommy Lynn Sells y del mexicano Ramiro Hernández Llanas en Texas hasta que se difundiera la composición de los fármacos. En horas, sin embargo, un tribunal de apelaciones revirtió el fallo, al afirmar que la defensa sólo "especulaba". La Suprema Corte desechó un recurso final y el tres de abril Sells fue declarado muerto en el penal de Huntsville, 13 minutos después de que fuera inyectado; le siguió el día cuatro Hernández Llanas, quien falleció a los once minutos.
De 38 años, Lockett pereció de un paro cardiaco, una vez que el "caótico proceso" fue interrumpido por los verdugos, que corrieron una cortina para evitar que los testigos siguieran observando lo que ocurría. Más tarde, Robert Patton, director de correccionales, dijo que "estalló" la sonda que conducía los fármacos a las venas de Lockett, quien se hirió los brazos para impedir que fuera inyectado y rechazó someterse al examen de rayos X, por lo que los custodios le dispararon con una pistola de electrochoques para incapacitarlo.
La Casa Blanca afirmó que "incluso cuando la pena está justificada, debe ser aplicada de manera humana" y la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ordenó un estudio independiente del caso, aplazando al martes la ejecución de Charles Warner. Ayer, una corte estatal la prorrogó hasta el 13 de noviembre, mientras continúa la indagación.
