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Juez cita a expresidenta de Argentina ante sospecha de corrupción en obra pública

Cristina Fernández, quien ya fue indagada varias veces tras finalizar su segundo mandato en diciembre, deberá presentarse ante el juez Julián Ercolini el 20 de octubre, según una orden publicada por la agencia de noticias del Poder Judicial.
Reuters
12 septiembre 2016 14:57 Última actualización 12 septiembre 2016 15:9
Cristina Fernández gobernó Argentina durante doce años y medio. (Reuters)

Cristina Fernández gobernó Argentina durante doce años y medio. (Reuters)

BUENOS AIRES.- Un juez federal de Argentina, que investiga irregularidades en la obra pública durante los últimos 13 años, llamó a declarar a la expresidenta Cristina Fernández y ordenó congelar nuevamente sus bienes, según un documento judicial fechado este lunes.

Fernández, quien ya fue indagada varias veces tras finalizar su segundo mandato en diciembre, deberá presentarse ante el juez Julián Ercolini el 20 de octubre, según una orden publicada por la agencia de noticias del Poder Judicial.

"Los ilícitos denunciados habrían comenzado desde fines del año 2003 y que, en general, se relacionaban con los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública", señaló.

El juez también citó a un empresario sospechoso de lavar activos, que tiene vínculos con Fernández y con su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirchner, y a un ex funcionario de obras públicas, quien fue detenido este año cuando intentaba esconder bolsos con millones de dólares en un monasterio.

La ex presidenta ya había sufrido en julio una inhibición de sus bienes, lo que impide su venta, por un caso en el que se investigan ventas de dólares a futuro que causaron pérdidas millonarias al Banco Central.

Fernández, cuyo gobierno de centroizquierda estuvo marcado por sospechas de corrupción, cree que las investigaciones que la involucran son una "persecución judicial" impulsada por sus detractores que podrían dejarla tras las rejas.

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