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Juez aplaza declaración de la infanta Cristina

12 febrero 2014 5:10 Última actualización 05 abril 2013 7:32

[Reuters] Se presentará hasta resolver la impugnación.


 
Notimex

Madrid.- El juez tercero de Instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, dejó en suspenso la declaración como imputada de la infanta Cristina de Borbón, en la investigación del caso Nóos, hasta que se resuelva la impugnación sobre su imputación.

En un auto judicial emitido este viernes, tras recibirse el recurso de impugnación de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, el juez deja en suspenso una nueva fecha según el resultado de la impugnación.

El pasado miércoles, Castro imputó a la segunda hija de los reyes de España por 'supuesto de cooperación necesaria' en los delitos cometidos por su marido Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres al frente del Instituto Nóos.

La infanta estaba citada a declarar el próximo sábado 27 de abril a las 10:00 horas en el Juzgado Tercero de Instrucción de Palma de Mallorca, pero el fiscal Pedro Horrach presentó este viernes un recurso que deja en suspenso si lo hará o no.

En su escrito, el fiscal considera que el análisis realizado por Castro, a partir de unos correos electrónicos entregados por Torres que presuntamente implican a la infanta, tiene indicios incriminatorias que "no merecen tal consideración jurídica".

"Constituyen meras circunstancias inocuas, inconsistentes y equívocas, en algunos casos, o meras sospechas personales, en otros, y que de las mismas no puede inferirse indiciariamente participación en conductas reprochables penalmente", aseguró en el recurso de impugnación.

Urdangarin y su socio Diego Torres están acusados de apropiarse de recursos públicos de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares y Comunidad Valencia, al este del país.

El yerno del rey encabezaba el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las que realizaban con ambos gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.

Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental y prevaricación, y la Fiscalía Anticorrupción quiere que se les agregue el delito fiscal por presunto fraude a Hacienda.
 
 
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