MIAMI.- Inmigrantes del sur de Florida protestaban en Miami por la decisión del alcalde del condado de Miami-Dade de respaldar los decretos de inmigración del presidente Donald Trump y colaborar con las autoridades nacionales.
El alcalde Carlos Giménez ordenó este jueves que las prisiones locales cumplan con la solicitud federal de detener a inmigrantes. La medida coloca a Miami en el extremo opuesto a las llamadas "ciudades santuario" como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles que han expresado su rechazo a colaborar con las autoridades federales de migración y han dicho públicamente que protegerán a los inmigrantes.
La decisión del alcalde de Miami-Dade tuvo lugar un día después de que Trump anunciara sus decretos ante el temor de que el condado deje de recibir millones de dólares por negarse a colaborar con el gobierno federal.
"La amenaza de perder fondos federales es una excusa usada por el alcalde Giménez para ganar el favor del nuevo presidente vendiendo a la comunidad de inmigrantes", expresó Jonathan Fried, activista de la organización de inmigrantes WeCount de la zona agrícola de Homestead.
Agregó que "los alcaldes de todo el país se han comprometido a defender a los inmigrantes y luchar contra los esfuerzos de la administración para enlistar la aplicación de la ley local en los planes de deportación masiva de Trump. Y nuestro alcalde, también un inmigrante en la ciudad con uno de los mayores porcentajes de inmigrantes en el país, se dobla sin luchar".
En un breve memorando, Giménez dijo que Miami-Dade "cumple las leyes federales e intenta cooperar completamente con el gobierno federal". El director interino del Departamento de Prisiones, Daniel Junior, ordenó a su vez cumplir "todas las solicitudes de detención de inmigrantes recibidas por el Departamento de Seguridad Nacional".
Giménez, un republicano que votó por Hilary Clinton, había anticipado antes de la elección de Trump que colaboraría con las autoridades nacionales de migración.
El Departamento de Justicia incluyó a Miami en una lista de "santuarios" en un informe de 2016 pero el condado se ha negado a que le den esa categoría y ha pedido a las autoridades nacionales que reconsideren esa designación.
Una medida de 2013 ordenó a las autoridades carcelarias locales a no mantener detenidos a inmigrantes porque los gastos de manutención de los presos no eran cubiertos por las autoridades nacionales.
Si la policía arresta a algún inmigrante por algún motivo no relacionado con las leyes de inmigración las autoridades federales le piden a las cárceles que los mantengan presos por más tiempo que el que contempla el delito por el que fueron arrestados. Hasta ahora Miami no cumplía con esas solicitudes.