El gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, acusado de participar en lavado de dinero y narcotráfico.
El Departamento del Tesoro estadounidense acusó a El Aissami de procurar el envío de cargamentos de droga desde Venezuela, incluyendo el control de aviones que partían de ese país así como el control de rutas. También dijo que el vicepresidente poseía múltiples cargamentos, algunos de los cuales tenían como destino México y Estados Unidos.
Como resultado de esas acciones, bajo la norma de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), a los estadounidenses se les prohíbe generalmente participar en transacciones o tratar con estos individuos y entidades, y los activos que tienen bajo la jurisdicción de Estados Unidos son congelados. Además, la sanción anula su visa.
Una persona cercana a El Aissami, identificada como Samark José López Bello, también fue designado por proporcionar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios para las actividades del vicepresidente, precisaron.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también apuntará a 13 empresas propiedad o controladas por López Bello u otras partes que forman parte de una red internacional que abarca las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.
Un grupo de 34 republicanos y demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes envió una carta al presidente Donald Trump el 8 de febrero pidiendo a su Gobierno que tome medidas administrativas para sancionar a funcionarios venezolanos.
La carta hizo referencia a El Aissami, destacando que su reciente nombramiento como vicepresidente ejecutivo lo puso en línea para convertirse en el próximo líder de Venezuela. Eso "es extremadamente preocupante dado sus presuntos vínculos con el narcotráfico y las organizaciones terroristas", agregó el texto.
Funcionarios gubernamentales estadounidenses dijeron que tardaron años en acumular las evidencias necesarias para imponer las sanciones.
Los funcionarios, quienes solicitaron anonimato por no estar autorizados a conversar con periodistas, insistieron en que la medida contra El Aissami no busca transmitir un mensaje político, económico ni diplomático, y que se limita a combatir el narcotráfico internacional. Sin embargo, la designación complicará la relación bilateral.
Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.
La agencia AP solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato, y ningún funcionario del gobierno de Venezuela había reaccionado en Caracas.
Bello López rechazó la sanción en su contra por considerarla "injustificada" y "políticamente motivada" y negó haber participado en narcotráfico.
"El texto no ofrece evidencia factual o justificación legal de por qué Samark López debe estar en la lista", escribió en su página web.
Las sanciones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump son las primeras medidas contra funcionarios venezolanos desde que en 2014 su predecesor, Barack Obama, suspendiera visas y congelara activos pertenecientes a siete funcionarios acusados de perpetrar actos de corrupción y violar derechos humanos.
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, designó a El Aissami como vicepresidente a principios de año. Días más tarde lo puso al frente de un llamado "comando nacional antigolpe" para enfrentar supuestos planes desestabilizadores.