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Detienen a 14 líderes catalanes para evitar consulta separatista

El presidente regional Carles Puigdemont calificó las operaciones policiales de “ilegales” y fustigó la “actitud totalitaria” del gobierno nacional.

La Guardia Civil detuvo ayer a 14 funcionarios de primer nivel del gobierno de Cataluña, por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia al seguir con el referéndum independentista del 1 de octubre, que el Tribunal Supremo calificó de ilegal.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió a los responsables de la Generalitat que están aún "a tiempo de evitar males mayores" y les pidió renunciar a la consulta separatista por ser ilegal y la consideró "una quimera imposible".

Informó, durante una sesión del Congreso de los Diputados, que las detenciones "se ha hecho por decisión de un juez".

La policía, provista de orden judicial, allanó 42 locales, incluidas seis oficinas del gobierno regional, oficinas privadas y domicilios de los funcionarios, así como tres empresas en Barcelona, dijo la corte superior municipal.

Agregó que una veintena de personas son investigadas por presunto desacato, abuso de poder y malversación relacionados con el referéndum.

También se incautó 10 millones de boletas electorales, dijo el Ministerio del Interior. Así como carteles de lugares de votación y credenciales de autoridades electorales.

LOS DETENIDOS

La Generalitat confirmó que Josep María Jove, secretario general de asuntos económicos, y Lluis Salvado, secretario de Impuestos, están entre los detenidos. Jove es el número dos de Oriol Junqueras, vicepresidente del gobierno regional a cargo de la economía.

El presidente regional Carles Puigdemont calificó las operaciones policiales de "ilegales" y fustigó la "actitud totalitaria" del gobierno nacional.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió al gobierno de Rajoy "rectifique, pare su actitud represora y devuelva el autogobierno a las instituciones catalanas".

Demandó también establecer una línea de diálogo porque "siempre es tiempo de una negociación política".

Esta es la primera vez que las autoridades españolas detienen a funcionarios catalanes desde que la campaña en favor de la consulta de secesión empezó a ganar fuerza en 2011. La medida incrementó las tensiones entre las autoridades nacionales en Madrid y los catalanes independentistas ante el referéndum convocado para el 1 de octubre.

Varios miles de catalanes furiosos se concentraron frente a las oficinas del gobierno en Barcelona, la capital regional, para protestar contra esa medida.

Algunos manifestantes se sentaron en la calle para cerrar el paso a los vehículos policiales, mientras otros chocaban directamente con los agentes. También hubo protestas en Madrid.

Rajoy dijo que sigue resuelto a impedir que se lleve a cabo la votación.

Señaló que ésta es contraria a la constitución y que "el estado tiene que reaccionar".

Su gobierno controla los pagos de la Generalitat, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmara una orden para la no disponibilidad presupuestaria de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017, con lo que se busca que no financien la consulta.

 
   

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