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Entra en vigor ley del Vaticano contra lavado de dinero

10 febrero 2014 4:29 Última actualización 09 octubre 2013 10:45

  [La ley refuerza el sistema interno de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero, señalaron mediante un comunicado/Reuters] 


 
Notimex

La nueva Ley Nº XVIII del Estado de la Ciudad del Vaticano sobre transparencia, supervisión e información financiera que refuerza las medidas contra el reciclaje y el financiamiento al terrorismo entró hoy en vigor.

"Con fecha de hoy , la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha adoptado la Ley Nº XVIII, que contiene normas de transparencia, supervisión e información financiera", destacó un comunicado del Vaticano.

Con dicha ley "se confirman en la legislación las disposiciones del Decreto N. XI del Presidente de la Gobernación, del 8 de agosto de 2013", agregó.

Explicó que la ley refuerza el sistema interno de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo en consonancia con las normas internacionales y, en particular, con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Unión Europea.

Recordó que la normativa es resultado del Motu Proprio del Papa Francisco del 8 de agosto pasado y está en continuidad con las normas ya vigentes e introducidas progresivamente a partir del Motu Proprio del Papa Benedicto XVI del 30 de diciembre de 2010.

En particular, dijo, la Ley Nº XVIII consolida las normas existentes relativas a medidas de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo; supervisión y regulación de las entidades que realizan actividades profesionales de carácter financiero.

También refuerza la cooperación e intercambio de información por parte de la Autoridad de Información Financiera, tanto a nivel nacional como internacional y las medidas contra los sujetos que ponen en peligro la paz y la seguridad internacional.

Asimismo, fortalece la declaración de la circulación transfronteriza de dinero en efectivo, precisó el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano.

"La Ley Nº XVIII aclara y consolida las funciones, poderes y responsabilidades de la Autoridad de Información Financiera en el ejercicio de sus facultades de supervisión y regulación", dijo.

Ello, agregó, con el fin de prevenir y combatir el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, la función de información financiera, así como, según lo establecido por el Papa Francisco con el Motu Proprio del 8 de agosto, la función de supervisión prudencial.

Según el arzobispo Dominique Mamberti, secretario para las Relaciones con los Estados, una parte consistente de la nueva ley está dedicada a las medidas contra el reciclaje y la financiación del terrorismo.

Citado por la sede de la Iglesia católica, el prelado dijo que la normativa detalla "los sujetos, la actividad de evaluación de los riesgos, las prescripciones concernientes a la verificación adecuada de la contraparte (...) y la disciplina de la transferencia internacional de los fondos" reforzándolas en el caso de sospecha de ambos delitos.

"Una atención particular -prosiguió- se dedica a la comunicación de las actividades sospechosas que los sujetos obligados deben efectuar ante la Autoridad de Información Financiera.(AIF)", acotó.

Recordó que el sistema de prescripción en materia de medidas contra el reciclaje y la financiación del terrorismo se completa con la atribución a la AIF de la competencia de vigilancia sobre las medidas que establece la ley para los sujetos obligados.

También contempla "un articulado sistema de sanciones administrativas que puede aplicar ella misma o, en los casos más graves, el presidente de la gobernación, por recomendación de la Autoridad Financiera".

En relación a las medidas contra los sujetos que amenazan la paz y la seguridad internacional el arzobispo explicó que se les prohíbe, automáticamente, la erogación de bienes, recursos económicos y servicios financieros y la AIF dispone inmediatamente el bloqueo preventivo de sus bienes y recursos.

Asimismo, dijo, se pueden adoptar medidas cautelares con los sujetos que todavía no están registrados en la lista, siempre que haya motivos fundados para pensar que amenacen la paz y la seguridad internacional y siempre que, el sujeto en cuestión, sea incorporado a la lista en el plazo de quince días".
 
 
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