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Encabezando la carga contra la crisis hipotecaria de España

01 febrero 2014 2:24 Última actualización 12 enero 2014 5:15

[Ada Colau, de 39 años, forma parte de la plataforma PAH (Personas Afectadas por las Hipotecas) / NYT]


 
 
New York Times News Service
 
BARCELONA.- Ada Colau estaba sentada en una cafetería aquí en una noche reciente cuando otro cliente, dirigiéndose a la puerta, la reconoció y se dirigió a su mesa. Se inclinó hacia ella para hablarle. “No deje de hacer lo que está haciendo”, le susurró al oído. “No se detenga nunca”.
 
Colau, con las manos sobre su taza de té, lo miró y sonrió. El hombre de edad mediana siguió adelante.
 
Hace unos años, Colau era una desconocida en España. Pero en estos días, su trabajo de defensa a los dueños de casas que se han retrasado en los pagos de sus hipotecas le ha vuelto un nombre conocido, y a menudo es detenida en la calle por extraños que la alientan.
 
“Es agradable”, dice, luciendo un poco avergonzada. “Es agradable que la gente me asocie con estos valores”.
 
Para muchos funcionarios gubernamentales, Colau es un personaje estridente y difícil que tuvo el valor de llamar a un representante de la Asociación Bancaria Española “criminal” durante una audiencia parlamentaria en 2013 y alentó a los manifestantes a avergonzar a los funcionarios arengándolos fuera de sus casas.
 
Pero para miles de españoles atemorizados que han caído en épocas difíciles y no pueden seguir haciendo los pagos de sus casas, Colau es una especie de ángel.
 
Su grupo, la Plataforma para las Personas Afectadas por las Hipotecas, conocida como PAH, ha organizado plantón tras plantón, bloqueando cientos de desahucios y presionando para que se hagan cambios en las intransigentes leyes hipotecarias de España.
 
Después de la audiencia parlamentaria, los seguidores de Colau en Twitter aumentaron de 8 mil a 100 mil y su nombre empezó a aparecer en sondeos de popularidad como alguien por quien votarían los españoles como una alternativa a los políticos actuales.
 
Ella dice que siente el cambio de la marea. Los bancos se han vuelto más renuentes al desahucio y han mostrado disposición a negociar y, en ocasiones, a aceptar las llaves de la propiedad como una solución a los procedimientos de ejecución.
 
Ese tipo de acuerdo es lo que Colau ha estado promoviendo. En este momento según la ley española, los incumplidores son personalmente responsables por la cantidad total del préstamo. Después de los cobros de intereses de penalización y decenas de miles de dólares en honorarios legales, los ex dueños de casas pueden terminar sin sus casas y adeudando más de lo que originalmente pidieron prestado cuando se concluyen los procedimientos de ejecución.
 
La bancarrota tampoco es la respuesta. La deuda hipotecaria es específicamente excluida en esos procedimientos aquí. Es una deuda de la que la gente nunca puede escapar.
 
“No hemos cambiado la ley todavía”, dijo Colau. “Pero hay avances. Los bancos están dialogando con la gente ahora, y antes no lo hacían”.
 
La reciente fama de Colau no parece haberla afectado. Al discutir con políticos en televisión, puede sonar contundente y enérgica. Pero al responder preguntas en una noche reciente, pareció maternal y de risa fácil. Llevaba alrededor del cuello una bufanda tejida a mano, regalo de una anciana que se le acercó después de que habló en una reunión vecinal una noche.
 
Rió ante el clamor en torno a su testimonio parlamentario, diciendo que el uso de la palabra “criminal” había sido totalmente espontáneo. “No tenía idea de que él estaría testificando antes de mí y diría todas esas cosas”, dijo. “Simplemente se me salió. Realmente no lo planeé”.
 
Colau, de 39 años de edad, ha sido una activista desde que era estudiante de filosofía. Trabajando para una causa u otra (contra la guerra, contra la globalización, a favor de la vivienda para los pobres), a menudo apenas ha ganado para vivir. Residió como invasora por un tiempo y ha tenido más de 20 empleos extraños, dijo. “Sobrevivía precariamente en ocasiones”, dijo. “De algún modo, simplemente salimos adelante”.
 
Ahora tiene un hijo de dos años con su pareja, Adria Alemany, un economista que comparte su pasión por las luchas sociales. “Nada de cenas románticas ni películas”, dijo encogiéndose de hombros. “El activismo ha sido nuestra vida”.
 
Colau fue una de las primeras organizadoras de la PAH, que fue fundada hace cuatro años conforme la crisis económica de España comenzaba a cobrar su precio y miles de españoles recién desempleados empezaban a retrasarse en el pago de sus hipotecas. Colau dijo que la necesidad de la PAH, que ahora tiene 200 centros en toda España, fue obvia de inmediato.
 
“La gente acudía a nosotros y no podían ni siquiera hablar”, dijo. “No podían siquiera explicar lo que les estaba sucediendo. Pensaban que nada bueno les sucedería jamás de nuevo”.
 
No todo ha sido fácil. Después de una ola de suicidios relacionados con desahucios, el grupo recolectó 1.4 millones de firmas para forzar al gobierno a considerar cambios en las leyes hipotecarias y también llevó sus protestas a las casas de los políticos. Eso provocó que algunos miembros del partido del Primer Ministro Mariano Rajoy empezaran a atacarla, llamando a la PAH “nazis” y “simpatizantes del terrorismo”.
 
Colau restó importancia a las acusaciones, pero el episodio le preocupó. “¿Ser llamada terrorista?”, dijo. “Eso asusta”.
 
Le preocupaba su madre, también. Colau creció en un barrio de clase media en Barcelona. Su madre vendía propiedades pero a menudo la llevaba a protestas en las que estaba interesada. Su padre trabajó y ascendió en una agencia publicitaria, comenzando acercando el café. Ambos están orgullosos de ella, dijo, y acuden a sus protestas siempre que pueden.
 
Hace tres meses, Colau aceptó un Premio de los Ciudadanos Europeos para la PAH otorgado por el Parlamento Europeo. El partido de Rajoy llamó al premio un escándalo y pidió que le fuera retirado.
 
Poco después, el gobierno elaboró un conjunto de nuevas leyes estrictas contra las protestas públicas, leyes que muchos creen están dirigidas a sus iniciativas.
 
Las leyes introdujeron elevadas multas para quienes tomen parte en protestas no autorizadas, publiquen fotografías de agentes policiales o interrumpan eventos públicos. Manifestarse cerca del Parlamento sin permiso, por ejemplo, pudiera provocar una multa de 600 mil euros, equivalentes a unos 820 mil dólares.
 
Colau parece no inmutarse. Respondió en Twitter, llamando a sus seguidores a protagonizar un día de desobediencia general si la ley es aprobada.
 
“Desobedecemos”, escribió, “o aceptamos la esclavitud”.
 
 
 
 
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