La justicia de Texas ejecutó hoy mediante inyección letal al mexicano Ramiro Hernández Llanas, declarado culpable del homicidio de un profesor universitario en 1997, medida que fue condenada por el gobierno de México.
"Pido perdón a la familia de mi jefe", dijo el tamaulipeco de 44 años, sentenciado a muerte por el asesinato del ranchero y profesor Glen Lich en su propiedad del Condado de Kerr, al noroeste de San Antonio.
La ejecución, en la prisión de Huntsville, fue atestiguada por Stephen Lich Tyler, hijo Glen Lich, y también por dos hermanos de Hernández Llanas, José y Adelita, además de sus amigos Roberto Ramírez Faz y Sheri Lynn Johnson.
"Estoy buscando a un ángel de Dios", mencionó Hernández Llanas en español, en su declaración final que duró casi cinco minutos y luego de la cual levantó su cabeza y mandó besos a sus hermanos.
El mexicano, quien dijo irse en paz, recibió enseguida la inyección letal y fue declarado muerto a las 18:28 horas locales (23:28 GMT).
El lunes pasado la Corte Federal de Apelaciones dio luz verde a la ejecución del mexicano al desechar la orden judicial que mantenía suspendida la ejecución d Hernández Llanas.
Por otra parte, la Junta de Perdones y Libertades de Texas había votado por unanimidad la no recomendación al gobernador Rick Perry sobre la clemencia del mexicano.
Hernández Llanas, de 44 años, fue declarado culpable de irrumpir en la casa de un individuo de 49 años y matarlo a golpes con una barra de hierro en 1997.
La ejecución de Hernández Llamas se había suspendido por una orden de la magistrada federal Vanessa Gilmore, tras exigir el nombre del fabricante de la inyección letal.
MÉXICO CONDENA EJECUCIÓN
Al respecto, la cancillería mexicana condenó la ejecución e instó nuevamente a Estados Unidos a adoptar acciones efectivas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
A través de un comunicado,la Secretaría de Relaciones Exteriores externó su pésame a los familiares del ciudadano mexicano y reiteró que recibirán todo el apoyo que requieran.
La dependencia refirió que las autoridades de la Unión Americana estaban obligadas a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia capital impuesta Hernández Llanas; obligación que subsiste respecto de los otros 50 connacionales incluidos en dicha decisión.
Refirió que el gobierno mexicano desplegó en tiempo y forma una serie de acciones legales, políticas y diplomáticas, en Estados Unidos y a nivel internacional, hasta agotar todas las instancias a su alcance para obtener la suspensión de la ejecución del connacional y dar oportunidad con ello a la revisión de su caso.
Entre las acciones legales se encuentra la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de emitir medidas cautelares ordenando a la Unión Americana la suspensión de la ejecución, mismas que por la gravedad, urgencia y carácter irreparable del caso, fueron otorgadas por la CIDH el 31 de marzo pasado.
El canciller José Antonio Meade y diversos legisladores solicitaron por escrito al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado, la suspensión de la ejecución, refirió la dependencia.
Mientras, el Senado de la República emitió un punto de acuerdo en el que reitera un exhorto respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que apruebe, cuanto antes, el lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
A través de su embajada en Estados Unidos, el gobierno mexicano realizó las gestiones ante varios países, logrando que se sumaran a ese llamamiento Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Suiza, así como la Unión Europea, detalló.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) lamentó la ejecución de Ramiro Hernández Llanas.
"Lo que sucedió hoy no fue más que un asesinato fundado en prejuicios raciales. En la mayoría del mundo lo que sucedió hoy sería un crimen, pero las autoridades de Texas han tenido el descaro de llamarle justicia", refirió Perseo Quiroz, director ejecutivo en México de Amnistía Internacional.
En un comunicado, recordó que esta organización denunció que la sentencia de pena de muerte se basó en testimonios de "expertos" de credibilidad cuestionable.
Además de la inclusión del un testimonio de un especialista en salud mental, que fue expulsado de la Asociación Americana de Psiquiatría, aunado a los argumentos racistas de supuestos "expertos" que se incluyeron en el proceso legal.
"En las últimas horas previas a la ejecución de la sentencia, la organización había solicitado a Richard Perry, gobernador de Texas, una moratoria a la sentencia para dar tiempo a que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciara sobre la legalidad de ejecuciones en casos de personas con discapacidad mental, como era el de Ramiro", indicó.
Quiroz Rendón refirió que en sí misma la pena de muerte es violatoria de los derechos humanos y contraria a la justicia, y cuando es resultado de "un proceso injusto y discriminatorio se convierte en un atroz crimen cometido por las mismas autoridades que tienen como obligación proteger la vida".
En este sentido, reiteró el llamado de la organización al Congreso de Estados Unidos, a fin de que discuta y apruebe que los estados de este país estén obligados a obedecer las sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Además de revisar los casos de mexicanos sentenciados a muerte en la Unión Americana, como lo establece la sentencia de esta CIJ y el derecho internacional. puntualizó.
Con este caso suman 10 los mexicanos ejecutados en Estados Unidos desde que el país reactivó la pena de muerte en 1976.
Hernández Llanas es el segundo mexicano ejecutado en lo que va de 2014, luego del morelense Edgar Tamayo Arias el pasado 22 de enero.
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