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WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó hoy con malestar ante el silencio de Estados Unidos para responder a las denuncias sobre sus programas de espionaje electrónico.
La frustración fue manifestada durante una audiencia celebrada aquí para discutir estas actividades a partir de las revelaciones hechas por la prensa mundial con datos facilitados por el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Edward Snowden.
Ante la sorpresa de los comisionados y peticionarios de la audiencia celebrada al inicio del 149 período de sesiones de la CIDH, la administración del presidente Barack Obama no dio respuesta a ninguno de los cuestionamientos, pero ofreció hacerlo por escrito en los próximos 30 días.
Lawrence Gumbiner, representante alterno de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que el cierre parcial de gobierno impidió que se prepararan de manera adecuada para esta audiencia, una de las tres que se relacionaron con su gobierno.
"Hoy no estamos en posición de responder a los temas que han sido presentados por la comisión", dijo Gumbiner, quien recordó que la falta de tiempo pera preparar su caso fue la razón por la que su gobierno solicito en dos ocasiones el aplazamiento de las audiencias, que fue rechazado por la CIDH.
El comisionado Rodrigo Escobar Gil se dijo frustrado por la falta de información, y consideró que la misma era compartida por los peticionarios, la sociedad civil "y la comunidad internacional que está siguiendo esta audiencia por el Internet".
Escobar dijo que si bien "es legítimo que los estados intervengan las comunicaciones de las personas para alcanzar fines de seguridad nacional, lo que está en entredicho es que no puede ser un poder absoluto, pues tiene que estar sometido a límites, controles, reglas".
En su turno el comisionado Felipe González indicó que, pese a las seguridades ofrecidas por el gobierno sobre las reglas y el marco legal que gobiernan estos programas, su "alcance y envergadura parecen sugerir que cualquier intento de control se vuelve ilusorio".
Frank LaRue, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dijo que si bien las necesidades de los estados para conducir labores de espionaje en aras de proteger su seguridad nacional y a sus ciudadanos es entendible, esta debe darse en apego a la ley y con la protección de las libertades individuales.
Indicó que si bien las amenazas que presentan fenómenos como el terrorismo y el crimen organizado constituyen razones legítimas para estas actividades, no pueden menoscabar la democracia, "esta es una contradicción con la que no podemos vivir".
"Lo que no se puede permitir desde el punto de vista de los derechos humanos es que aquellos con poder político o quienes están en las agencias de seguridad o aún quienes trabajan en estas agencias deciden por si mismo cual va a ser el alcance de quebrantar el derecho a la privacidad", dijo.
Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión señaló que su oficina "esta muy preocupada por el alcance de los programas de vigilancia" tanto por la falta de transparencia sobre su marco legal y los controles que los regulan.
Además, por la aparente falta de protección para quienes informan sobra la existencia de estos programas, refirió.
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