Australia realizó su última ejecución hace cincuenta años. Ronald Ryan escapó de la prisión en diciembre de 1965 mientras cumplía una condena por robo. Durante este escape, se detonó un arma de fuego, y el disparo resultó en la muerte de un guardia. Ryan fue recapturado a los 17 días, se le imputó y condenó por asesinato, y se le sentenció la pena de muerte. Él fue ahorcado el 3 de febrero de 1967.
La ejecución de Ryan detonó manifestaciones en todo el país. Durante las siguientes décadas, los estados y territorios de Australia eliminaron la pena capital de sus sistemas penales. En el año 2010, el Gobierno Federal aprobó una ley que prohíbe que la pena capital vuelva a ser legal en Australia.
El rechazo de Australia a la pena capital forma parte de una tendencia a nivel mundial. Hoy día, alrededor de dos terceras partes de todos los países ha abolido la pena capital en su derecho usual y práctica.
Desafortunadamente, varios Estados aún realizan ejecuciones.
En muchos aspectos, el caso Ryan representa todo lo incorrecto que implica la pena capital.
Primeramente, no existe sistema judicial libre de error, y siempre existe el riesgo inaceptable de que una persona inocente sea ejecutada. En el caso Ryan, hay duda sobre si él realmente disparó el arma de fuego que resultó en la muerte del guardia.
Desde 1973, año en que la Suprema Corte reestableció la pena capital en los Estados Unidos de Norteamérica, se ha exonerado a más de 150 personas condenadas a muerte. A pesar de que muchas de ellas han sido absueltas con base en pruebas de ADN, la mayoría son víctimas de errores judiciales, una falla demasiado común en aún los sistemas legales más desarrollados.
En segundo lugar, la pena capital se aplica de forma desproporcionada contra las minorías y personas desfavorecidas. Ryan pertenecía a la clase obrera; su padre trabajaba en la minería y su madre como empleada doméstica. Muchas de las personas condenadas a muerte no tienen la capacidad económica para obtener la representación legal adecuada.
Finalmente, la pena capital, así como las vidas de las personas que esperan ser ejecutadas, es muy a menudo una herramienta política. La pena de muerte sigue como modalidad popular para que los gobiernos demuestren a la sociedad su fortaleza en cuanto al orden público. La abolición de la pena capital necesita de un liderazgo audaz e inspirado, sobre todo cuando las encuestas de opinión pública apoyan la pena de muerte. La labor para su abolición puede ser difícil, complicada y de larga duración, pero cada paso se agradece.
Existen más razones por las cuales la pena capital es abominable: no desalienta al crimen, es objetivamente cruel e inhumana e impide al culpable la posibilidad de rehabilitación.
Australia recomienda la abolición de la pena capital a nivel mundial por estas razones. No siempre es un diálogo fácil, pero sí es de lo más importante.
Philip Ruddock es el comisionado especial para los Derechos Humanos de Australia. El 10 de octubre se celebra el 15ª Día mundial contra la pena de muerte.
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