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Defensor del Estado pide considerar nulo juicio político a Rousseff

José Eduardo Cardozo, representante de la Abogacía General de la Unión de Brasil, aseguró que la apertura del proceso de juicio político contra Dilma Rousseff está viciado, por lo tanto es nulo. 
Reuters
04 abril 2016 12:20 Última actualización 04 abril 2016 18:1
Dilma en el Foro Económico Mundial 2014, en Davos, Suiza. (Foto: Bloomberg)

Dilma en el Foro Económico Mundial 2014, en Davos, Suiza. (Foto: Bloomberg)

SAO PAULO.- El representante de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, dijo el lunes ante el Congreso que los procedimientos para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff deben ser considerados nulos.

Cardozo, cuya función es la de defensor del Estado, sostuvo ante una comisión parlamentaria que el proceso está "viciado" por lo que calificó como el "desvío de poder" que, en su opinión, llevó adelante el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, al aceptar el pedido para que se abra el procedimiento de juicio político.

Cardozo sostuvo que Cunha aceptó el pedido "por venganza", motivado por su deseo de emprender una revancha política contra Rousseff.

"La apertura del proceso de juicio político está viciado, por lo tanto es nulo", dijo Cardozo a los legisladores.

Cardozo criticó la falta de información sobre el acuerdo de delación compensada del senador Delcídio do Amaral en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en Petrobras. Ello, destacó, implica la nulidad del proceso.

En el inicio de su exposición ante la comisión especial, Cardozo dijo que en el régimen presidencialista adoptado por la Constitución de 1988 el juicio político "es una situación de excepcionalidad absoluta" y que un presidente no puede ser separado del puesto por cuestiones políticas.

La oposición argumenta que se debe llevar adelante el juicio político porque Rousseff manipuló deliberadamente las cuentas presupuestarias para impulsar su campaña por la reelección en 2014.

La comisión tendrá la tarea de emitir una recomendación a la Cámara baja respecto a si existen o no bases para impugnar a Rousseff, lo que llevará al pleno del Parlamento a votar sobre la decisión, algo que podría suceder tan pronto como a mediados de abril.

Los opositores a Rousseff necesitan los votos de dos tercios de los 513 diputados para llevar el procedimiento de impugnación hasta el Senado. La mandataria requiere de 171 votos o abstenciones para bloquear el proceso.