Dan prisión preventiva a diputado de Guatemala requerido en extradición
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Dan prisión preventiva a diputado de Guatemala requerido en extradición

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Dan prisión preventiva a diputado de Guatemala requerido en extradición

Un juez de control decretó prisión preventiva a Luis Armando Rabbe, exdiputado del Congreso de Guatemala quien es requerido en extradición por la justicia de su país.

David Saúl Vela
25/07/2018

Un juez de control decretó prisión preventiva a Luis Armando Rabbe Tejada, exdiputado del Congreso de Guatemala -requerido en extradición por la justicia de su país-, para ser juzgado por diversos delitos.

Rabbe Tejada quedará a disposición de un juez de distrito con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, autoridad que le notificó ya la orden de detención provisional con fines de extradición internacional.

Durante una audiencia celebrada este miércoles, la fiscalía adscrita a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) dio a conocer al reclamado que es acusado en su país de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado.

Explicó que el Gobierno de Guatemala tienen 60 días naturales, a partir de la detención, para formalizar la petición y una vez substanciado el procedimiento ante la juez, se emitirá una opinión jurídica sobre si debe o no extraditarse.

Cabe destacar que Luis Armando Rabbe Tejada tiene la opción de allanarse a la petición de extradición, o bien, presentar las excepciones que la ley de extradición prevé e iniciar un juicio.

En la siguiente etapa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) deberá emitir un acuerdo para conceder o negar su entrega en extradición; una vez que el acuerdo quede firme si es concedida, lo pondrá a disposición de PGR para su entrega, lo que ocurrirá ya que se hayan agotado los recursos legales que en su caso interponga.

Una investigación realizada por el Gobierno de la República de Guatemala reveló que, durante el tiempo que Rabbe Tejada fungió como diputado del Congreso de la República y como presidente de la Junta Directiva de dicho Congreso, probablemente intervino en numerosas irregularidades para la contratación de personal de esa institución, las cuales facilitaron la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio del Congreso.