BUENOS AIRES.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, deslindó a su gobierno por la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien la semana pasada la acusó de encabezar un plan para encubrir a los supuestos responsables de un atentado contra una sede judía en 1994.
En su primera referencia pública a la muerte de Nisman, efectuada esta madrugada, la mandataria deslindó a su administración de toda responsabilidad y vinculó la muerte con el próximo juicio a exmiembros del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y exfuncionarios judiciales por maniobras de encubrimiento en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
"En el caso del ¿suicidio? del Fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no sólo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y por sobre todas las cosas, muy sórdida", dijo Fernández en una carta publicada en su sitio oficial de internet www.cfkargentina.com .
Nisman fue hallado la madrugada del lunes en su departamento de Buenos Aires con un tiro en la cabeza horas antes de una cita en el Congreso en la que tenía previsto dar detalles de su acusación contra Fernández de ser la presunta líder de un plan para encubrir a un grupo de iraníes acusados del atentado a la AMIA, que causó la muerte de 85 personas y heridas a más de 200.
En la muerte de Nisman no intervinieron terceras personas, indicó el informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo del investigador.
"De acuerdo a la autopsia, él se disparó con una calibre 22", dijo la fiscal Viviana Fein en alusión al arma que habría sido utilizada, en declaraciones al canal de cable Todo Noticias.
La funcionaria, sin embargo, no descartó que Nisman haya sido "inducido" a suicidarse. "No lo descarto bajo ningún punto de vista dado que el arma no era de él. El arma pertenecía a un colaborador de Nisman. La tenía hace bastante tiempo", dijo.
La semana pasada Nisman había pedido que Fernández, el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y allegados al gobierno, entre otras personas, fueran indagados por el presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque a la AMIA en la denuncia más grave presentada contra la mandataria.
Según la acusación de Nisman, la presidenta y su canciller "tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán" para acercarse a ese país con el fin de "saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos".
El gobierno negó las imputaciones y tildó a Nisman de mentiroso e ineficaz en su investigación del atentado.
El fiscal tenía 10 policías federales asignados a su protección, según un comunicado del Ministerio de Seguridad que no proporcionó detalles sobre el lugar dónde se encontraban destacados al momento de su muerte.
Un asesor en ese ministerio, que no quiso identificarse porque no está autorizado para hablar con la prensa, dijo que los policías que lo cuidaban se apostaban en la portería del edificio y en un automóvil cerca del inmueble y que "nunca" había personal policial dentro del apartamento.
Según el asesor, el fiscal dijo el sábado a los policías que lo protegían que estuvieran listos cerca del mediodía del domingo para comunicarse con él. Ante su falta de respuesta a sus llamados subieron hasta su apartamento y vieron que el diario del domingo no había sido recogido del vestíbulo de acceso a la vivienda.
La custodia policial llamó a la secretaria del fiscal y a la madre, quien finalmente accedió al apartamento con personal de la administración de justicia, según el asesor.
Ninguna de las dos puertas había sido violentada y la principal no pudo ser abierta porque la madre no sabía la clave de la cerradura digital. La puerta de servicio tenía la llave colocada en la cerradura, según el asesor del Ministerio de Seguridad.
Todo el material secuestrado por las autoridades en el domicilio de Nisman, entre ellos la documentación que el fiscal tenía previsto llevar al Congreso, "ha sido debidamente resguardado", informó la fiscal Fein.
La diputada opositora Patricia Bullrich indicó que Nisman le había dicho tres días antes de su muerte que "estaba amenazado". Agregó que habló con él "para coordinar detalles de su presencia en el Congreso".
Al presentar días atrás su denuncia, el fiscal dijo a un grupo de corresponsales extranjeros que se sentía muy seguro del paso que estaba dando.
Nisman afirmó entonces que no sabía si iba a ser víctima de represalias pero que se sentía obligado a presentar las acusaciones, basadas en parte en escuchas telefónicas que estudió durante los últimos dos años y medio.
Indicó que en esas escuchas no se interceptó la voz de Fernández, pero puntualizó que en "los audios se dice claramente" que el supuesto plan para proteger a los iraníes había sido ordenado por la presidenta.
Según el fiscal, en las conversaciones grabadas se escucha al diputado nacional Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia que no quiso identificar, al dirigente social Luis D'Elía, al iraní Jorge "Yussuf" Jalil, referente comunitario y nexo local del régimen iraní, y a Moshen Rabbani, agregado cultural en la embajada de Irán en Buenos Aires al momento del atentado.
Sobre Rabbani pesa una orden de detención internacional bajo la acusación de ser uno de los autores intelectuales del ataque. Teherán siempre ha negado cualquier implicación en el hecho.
"Hay personal de inteligencia cuya identidad no puedo revelar que actúa para Irán y... que responden directamente a la presidenta, que le pasan información a Irán y a Rabbani de cuestiones de Estado, de cuestiones secretas argentinas", sostuvo el fiscal.
Horas después de conocerse el deceso de Nisman, el jefe de la Secretaría de Inteligencia Oscar Parrilli anunció que "por expresa instrucción" de la presidenta autorizaba la "desclasificación del producido de las intervenciones" telefónicas y de "todo otro material, archivo e información de inteligencia vinculada a la investigación" del atentado a la AMIA.