Mundo

Corte Suprema de Reino Unido decidirá sobre inicio de 'Brexit'

El mes pasado, la Corte Superior decidió que Theresa May no puede invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, la cláusula que activa la salida de la UE, usando los poderes ejecutivos conocidos como la "prerrogativa real", ahora resolverá la apelación.
Reuters
08 diciembre 2016 13:6 Última actualización 08 diciembre 2016 13:6
Brexit

(Bloomberg)

LONDRES.- La Corte Suprema británica decidirá lo antes posible si la primera ministra, Theresa May, puede poner en marcha la salida de Reino Unido de la Unión Europea a fines de marzo sin el consentimiento del Parlamento, afirmó su presidente.

El mes pasado, la Corte Superior decidió que May no puede invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, la cláusula que activa la salida de la UE, usando los poderes ejecutivos conocidos como la "prerrogativa real".

"No se nos ha pedido anular el resultado del referendo de la UE", dijo el presidente de la Corte Suprema, David Neuberger, al final de una apelación de cuatro días en la que el gobierno intentó revertir el dictamen previo.

"La cuestión final en este caso se refiere al proceso según el cual ese resultado puede ejecutarse de forma legal", señaló.

El caso podría complicar eventualmente los planes de May para el Brexit y los inversores creen que implicar a los legisladores reduciría las posibilidades de una salida "dura" de la UE, en la que Reino Unido perdería su acceso al mercado único europeo para imponer controles migratorios más severos.

Los defensores del Brexit consideran la batalla legal como un intento de las autoridades proeuropeas de anular el resultado del referendo celebrado en junio, en el que los británicos votaron a favor de la salir de la UE.

El argumento del gobierno es básicamente que, según la constitución no escrita de Reino Unido, puede realizar o poner fin a tratados internacionales sin aprobación parlamentaria.

Los retadores aseguran que activar el Artículo 50 significaría de forma inevitable que los ciudadanos perderán derechos garantizados por el Parlamento, algo que solo los legisladores pueden retirarlos.