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Corte Suprema de Argentina frena separación de poderes

12 febrero 2014 4:44 Última actualización 23 junio 2013 13:2

[Bloomberg] 



Notimex
 
Madrid.- La decisión de la Corte Suprema de Argentina de frenar la reforma judicial emprendida por el gobierno de Cristina Fernández paró en seco uno de los asaltos a la separación de poderes que se recuerdan en una democracia homologada.

El diario español El País señaló este domingo que en concreto, el dictamen anula la ley que estipulaba la elección mediante el voto popular del Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y destituye a los jueces.

Hasta ahora, una parte de los consejeros era designada por el Congreso y otra parte por las asociaciones de jueces, abogados y académicos.

La nueva ley obligaba a estos últimos a presentarse como candidatos en las listas de los partidos en las elecciones generales. De esta suerte, el ganador de los comicios tendría de hecho el control de los jueces.

El Supremo sentenció que esta disposición es inconstitucional, porque rompe el equilibrio de poderes y crea un Consejo de la Magistratura dependiente de los partidos. Además, compromete la independencia de los jueces al obligarlos a participar en la lucha política.

El diario español expuso que resulta difícil no ver detrás de esta reforma, contestada con protestas ciudadanas y reconvenida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un intento de meter en cintura a unos jueces que se han convertido en una piedra en el zapato de la presidenta.

Los jueces frustraron alguna de sus iniciativas más sonadas, como la ofensiva contra el grupo de comunicación Clarín, añadió.

Refirió que no hay que olvidar, tampoco, que en estos momentos están saliendo a la luz numerosas denuncias de corrupción que salpican al entorno presidencial y a funcionarios kirchneristas.

"El Supremo se ha visto obligado a reivindicar la legitimidad que le otorga la Constitución y a explicar con claridad en qué consiste la separación de poderes y la existencia de límites y contrapesos en todo sistema democrático", abundó.

"No es posible invocar la defensa de la voluntad popular con la finalidad de desconocer el orden jurídico", sostuvo el fallo.
 
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