Una corte de apelaciones detuvo en seco un segundo intento por suspender el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete, al tiempo que sus partidarios salieron a las calles a respaldar a un gobierno cercado por varias crisis.
Lula da Silva tomó juramento el jueves como jefe de gabinete del gobierno de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, un cargo que le da al carismático líder la oportunidad de ayudar a bloquear un juicio político que se sigue en contra de la mandataria, y que también dificulta las indagaciones en contra del propio expresidente en relación con sobornos en la compañía petrolera estatal Petrobras.
Los opositores ganaron rápidamente órdenes judiciales de dos jueces regionales federales para bloquear su nombramiento, pero ambas fueron revocadas rápidamente.
Sin embargo, por la tarde, un juez federal en la ciudad de Assis, en el estado de Sao Paulo, ordenó una tercera suspensión temporal del nombramiento que impide que asuma el puesto. La Procuraduría General declaró al portal noticioso G1 que planea presentar una apelación, pero no especificó cuándo.
Los partidarios de Lula, uno de los líderes políticos más famosos del mundo como presidente de Brasil de 2003 a 2010, se reunieron en mítines en diversas ciudades del país, en especial en el sur industrializado, donde el extrabajador metalúrgico y sindicalista tiene su fortín político.
En Sao Paulo, decenas de miles de personas salieron a la Avenida Paulista, frente al museo de arte de la ciudad, con camisetas y gorras rojas, y entonaron el cántico "¡Lula, el ministro de la esperanza!". La respetada agencia encuestadora Datafolha calculó que 95 mil personas participaron en el mitin, mientras que la policía consideró que habían sido 80 mil.
Cuando Lula apareció encima de un enorme camión con bocinas para dirigirse a la multitud, fue recibido con sonoros vítores y gritos de "¡Lula, Lula!".
"La semana próxima, si no hay impedimento, comenzaré a servir a la presidenta Dilma y al pueblo brasileño", afirmó.
"No regreso al gobierno a pelear, sino a ayudar", declaró. "Voy de vuelta para ayudar a la presidenta Dilma a hacer lo que debe hacerse: reestablecer la paz y la esperanza. En este país no hay espacio para el odio".
Concluyó su discurso de 20 minutos con una mirada fija a la multitud y un grito: "No habrá golpe de Estado".
"Lula, Dilma y el Partido de los Trabajadores son los únicos que han ayudado a los pobres, nos dieron acceso a una mejor educación, empleo y atención sanitaria", dijo Ronaldo Carlos, un guardia de seguridad privada de 35 años mientras agitaba una pancarta roja y blanca que tenía pintado el rostro de Rousseff y la frase "Dilma se queda".
La crisis política, que ha tocado a las más altas figuras del país, se ha presentado cuando faltan menos de seis meses para que Brasil celebre los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y el país más poblado de Latinoamérica enfrenta crisis en varios frentes. La nación está en el centro de un brote del virus del Zika que científicos creen está ligado al nacimiento de cientos de niños con microcefalia, una extraña malformación congénita que hace que su cabeza sea más pequeña de lo normal.
Y su economía, que durante mucho tiempo fue un motor para los países vecinos, se ha contraído en casi 4 por ciento. La inflación aumentó el año pasado y los anuncios de despidos masivos se han vuelto más comunes.
La oposición acusa a Rousseff de querer ayudar a Lula da Silva a evitar un cerco legal que se cierne sobre él. Hace menos de dos semanas el expresidente fue llevado por la policía a un interrogatorio acerca de actos de corrupción en Petrobras y en la que se han visto inmersos tanto aliados como rivales del expresidente.
Los miembros del gabinete sólo pueden ser investigados, acusados o encarcelados con autorización de la Corte Suprema.
Los partidarios de la mandataria tienen otra lectura: dicen que la habilidad del expresidente de 70 años para llegar a consensos, así como su carisma que desarma hostilidades, pueden ayudar a que Rousseff evite un juicio político en el Congreso y a que vuelva a encarrillar la economía del país, que parece ir a un abismo.
La presidenta, cuyos índices de popularidad se desplomaron al 8%, libra una lucha contra los intentos por echarla ante denuncias de mal uso de fondos fiscales en una investigación que no está relacionada con los presuntos malos manejos de Petrobras. La maniobra para realizarle un juicio político dio un paso importante el jueves con el nombramiento de una comisión especial en la cámara baja del Congreso.
Tanto Lula como Rousseff han negado insistentemente que hayan cometido cualquier irregularidad.
En una carta pública el viernes, Lula dijo que las dos últimas semanas han estado marcadas "por episodios tristes y vergonzosos" que les han hecho daño a todos los brasileños.
Como a menudo lo hace, Lula echó mano de sus orígenes humildes y de la poca educación formal a la que tuvo acceso. "Pero como ser humano sé distinguir entre el bien y el mal, y entre la justicia y la injusticia", afirmó.
Cuestionó también la legalidad de la sorpresiva revelación de unas grabaciones telefónicas entre él y una serie de prominentes figuras públicas, incluida Rousseff.
El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación por la entrega de presuntos sobornos en Petrobras, dio a conocer las escuchas telefónicas el miércoles por la noche, poco después de que Lula fuera nombrado jefe de gabinete, y sostuvo que las escuchas parecen insinuar que hubo intentos para influenciar a las autoridades judiciales a favor del expresidente.
Rousseff dijo que la divulgación de las cintas era ilegal y que su revelación fue un "intento por traspasar los límites que impone un estado democrático".
El nombramiento de Lula enfureció a la población y dio lugar a marchas en las que participaron unas tres millones de personas el jueves en Brasilia y Sao Paulo, con muñecos inflables de Lula vestido como presidiario.