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Congreso venezolano pide procesar a autoridades electorales por presunto fraude

Luego de que la empresa de tecnología informática electoral Smartmatic señalara que la votación de la Asamblea Constituyente fue "manipulada", la Asamblea Nacional de Venezuela dijo que pedirá a la Fiscalía General que abra investigaciones penales.
AP
02 agosto 2017 11:23 Última actualización 02 agosto 2017 12:11
Congreso de Venezuela. (Reuters)

Congreso de Venezuela. (Reuters)

La Asamblea Nacional de Venezuela pedirá a la Fiscalía General que investigue a las autoridades electorales por la supuesta adulteración de los resultados de las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente, anunció este miércoles el presidente de ese cuerpo.

El diputado opositor Julio Borges dijo a la prensa que ante la información difundida por la empresa de tecnología informática electoral Smartmatic sobre la presunta alteración de los resultados de los comicios del domingo acudirá a la Fiscalía General para que abra investigaciones penales a los directores del Consejo Nacional Electoral por "inflar" la cifra de votantes.

“El resultado que se anunció fue tramposo", dijo Borges a la prensa al asegurar que no solo hubo un "fraude" en la convocatoria a la Asamblea Constituyente sino que la "elección fue fraudulenta". “Esto es un problema verdaderamente mundial”, agregó.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció cerca de la medianoche del domingo que ocho millones de personas habían participado en la elección de los constituyentes que serán juramentados este miércoles por el presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Constituyente, que integran 545 delegados, se instalará el jueves en un salón de la Asamblea Nacional en medio de los cuestionamientos de la oposición.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien está enfrentada al Gobierno, y la coalición opositora desconocieron los resultados de los comicios. La oposición sostiene que en la elección sólo participaron 3.5 millones de votantes y asegura que muchos de ellos, entre los que se incluyen empleados públicos y beneficiarios de programas estatales, fueron forzados a votar bajo amenaza. Ortega Díaz anunció que abrirá una investigación penal ante las denuncias que recibió el Ministerio Público de personas que aseguran que fueron amenazadas para que sufragaran. El Gobierno hasta el momento no ha ofrecido comentarios sobre esos señalamientos.

Más de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, han objetado la elección de la Asamblea Constituyente y anunciaron que no reconocerán los resultados. Washington amenazó con sanciones económicas a Venezuela si Maduro sigue adelante con el proceso para reformar la constitución.

La Asamblea Nacional -de mayoría opositora- debatió este miércoles en una sesión de urgencia la denuncia sobre la manipulación de los resultados electorales.

El Consejo Nacional Electoral -controlado por el oficialismo- ha dirigido en los últimos 18 años más de media docena de elecciones que se han realizado sin mayores cuestionamientos. Las autoridades siempre han alardeado que el sistema electoral venezolano es uno de los más modernos y confiables del mundo.

Desde Londres, el director general de la empresa de tecnología informática electoral Smartmatic, Antonio Mugica, dijo este miércoles a la prensa que hubo una discrepancia de un millón de votos entre las cifras de participación anunciadas por el Gobierno y las registradas por sus sistemas.

“Lamentamos profundamente deber informar que las cifras de participación del domingo 30 de julio para la Asamblea Constituyente de Venezuela fueron alteradas”, indicó Mugica.

Smartmatic es una empresa creada por venezolanos en Caracas para proveer máquinas electrónicas de votación al entonces presidente Hugo Chávez. Últimamente se ha expandido para brindar los mismos servicios a diversos países del mundo al tiempo que sigue haciéndolo en Venezuela.

La polémica desatada ante las denuncias de Smartmatic acrecienta la tensión política que enfrenta el país sudamericano generada por las protestas antigubernamentales que se han extendido por cuatro meses y que han dejado al menos 121 muertos, casi 2 mil heridos y más de 500 detenidos.