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Congreso argentino aprueba creación de agencia de espionaje

El proyecto estipula un mayor control de las escuchas telefónicas y de los gastos de la agencia, a la que el gobierno vinculó con la muerte del fiscal Alberto Nisman; una vez publicado el decreto se establecerá un breve período para armar la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia.

BUENOS AIRES.  Los diputados de Argentina aprobaron un proyecto de ley que crea una nueva agencia de inteligencia, luego de que el servicio de espionaje quedara bajo el foco de atención este año por la misteriosa muerte de un fiscal que hizo una grave denuncia contra la presidenta Cristina Fernández.

La sesión en la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo y donde por ende se esperaba una votación favorable, arrojó un resultado final de 131 votos positivos contra 71 negativos.

En medio de acusaciones cruzadas entre las diferentes fuerzas políticas, las discusiones demandaron casi siete horas en el recinto legislativo.

"Esta iniciativa permite saldar una deuda que tenía la democracia en Argentina, promoviendo transparencia desde el punto de vista del control y supervisión de recursos", dijo Jorge Capitanich, jefe de Gabinete argentino, en rueda de prensa.

El proyecto, que ya había sido aprobado este mes por el Senado, estipula un mayor control de las escuchas telefónicas y de los gastos de la agencia, a la que el gobierno vinculó con la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero.

Para su entrada en vigencia queda la promulgación del gobierno, que se espera a la brevedad. Más adelante, se establecerá un breve período para armar la estructura de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Las escuchas telefónicas son una de las principales herramientas de los espías argentinos, en muchos casos usadas para presionar y hasta extorsionar a políticos, empresarios o periodistas, según denuncias.

Algunos funcionarios culparon a sectores de la central de inteligencia de darle información falsa a Nisman para que el fiscal elaborara una ruidosa denuncia contra la presidenta y su canciller, Héctor Timerman, a los que acusó de encubrir a los responsables de un atentado antisemita en 1994.

Nisman investigó durante más de una década el ataque a la mutual argentina-israelí AMIA que dejó 85 muertos pero, luego de que se hallara su cuerpo al lado de un arma y con un disparo en la cabeza, el caso quedó en manos de un grupo de fiscales.

La muerte del fiscal aún no ha sido esclarecida, aunque la principal hipótesis es la del suicidio. Los investigadores, de todos modos, no descartan un asesinato o un suicidio inducido.

El caso involucra un acuerdo de hace dos años entre Argentina e Irán para investigar el atentado, al que se oponían varios agentes de inteligencia liderados por el espía Antonio Stiuso, removido de la central en diciembre pasado.

Según el gobierno, Stiuso tenía fluidos vínculos con los servicios de Estados Unidos e Israel.

La oposición argentina considera que con la nueva AFI se busca tapar el escándalo que significó para el gobierno la muerte de Nisman, y que en realidad nada cambiará con el flamante organismo.

Se intenta "distraer la atención y cambiar el eje del debate desde hace un mes", dijo la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien se lamentó que la ley "salga a las patadas, con medio Congreso a favor y la otra mitad en contra".

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