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Chile se cansa de la corrupción: aplicarán mano dura a partidos

Ante los casos de corrupción y tráfico de influencias que se registran en el gobierno de Chile, la presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de reformas para transparentar a los partidos políticos.
Reuters
28 abril 2015 19:45 Última actualización 28 abril 2015 22:18
Chile presidenta

Michelle Bahelet (AP)

SANTIAGO.- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció una serie de medidas de probidad y transparencia para poner freno a casos de corrupción y tráfico de influencias que han llegado hasta a su gobierno.

La mandataria expuso durante un mensaje a la nación que las medidas administrativas y proyectos de ley serán parte de una reforma integral para actuar sobre la actividad política y de los partidos.

"Se busca erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos", enfatizó Bachelet durante el discurso en cadena nacional.



"Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito", dijo Bachelet.

El Estado será el que financie el trabajo de los partidos y para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros, como reinscribir a todos sus militantes, una contabilidad transparente y fiscalizada, agregó.

El apoyo público a la mandataria está en su peor nivel histórico, de acuerdo con las encuestas.

Los logros alcanzados en su primer año de gobierno, principalmente por las reformas tributaria y educacional, se vieron empañados en los últimos meses por la polémica en torno a las acusaciones de tráfico de influencias contra su hijo -tras la aprobación de un millonario crédito-, o los desvíos de dinero de empresarios a campañas de políticos de todas las tendencias.

Las medidas anunciadas por la presidenta Bachelet incluyen:

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS
- Se transparentará el financiamiento de la política eliminando los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer donaciones de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito.

- Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos, por lo que tendrán que cumplir con exigencias y controles claros, como reinscribir a todos sus militantes para transparentar los registros.

- Se fortalecerá a los organismos electorales -el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones- para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley.

CAMPAÑAS ELECTORALES
- Se regulará el financiamiento de las campañas electorales, reduciendo el gasto. Sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas.

- Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública no podrán acceder a cargos de elección popular y perderán sus escaños.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS
- Se ampliará el rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para trabajar en el Estado, con el fin de seleccionar a funcionarios por mérito y vocación. 

- Aumentarán las exigencias y la fiscalización en el uso de los recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, regulando también de manera más precisa a aquellos que prestan servicios al Estado.

- Se aplicarán medidas severas para quienes busquen ganancias transgrediendo las normas éticas y legales.

CONFLICTO DE INTERÉS
- Se tipificará y sancionará el delito de corrupción entre particulares, como, por ejemplo, los pagos indebidos para obtener negocios.

- Se regulará y fiscalizará de manera estricta la relación entre la política y los negocios. 

GOBIERNO TRANSPARENTE
- Se ampliará el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado a parientes de las autoridades.

- Se ampliará  la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.

- Esta última medida se aplicará a los consejeros de las instituciones públicas, a los fiscales, a los directores de las empresas del Estado, a los alcaldes, concejales y jefes de unidades claves municipales, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, y también a las o los cónyuges de las autoridades.