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Anulan la prohibición de las corridas de toros en Cataluña

El Tribunal Constitucional del país señaló que es inconstitucional el artículo que Cataluña aprobó en 2010 por considerar que se extralimitó en sus competencias.
AFP
20 octubre 2016 9:50 Última actualización 20 octubre 2016 9:51
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José Tomás fue uno de los toreros que actuó en la última corrida de toros en Cataluña. (Cuartoscuro)

El Tribunal Constitucional español anuló este jueves la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, en un nuevo órdago a las autoridades de la región, que mantienen un duro enfrentamiento con el Estado por su controvertido proyecto de independencia.

En la sentencia, a la que tuvo acceso la AFP, el alto tribunal declara "inconstitucional y nulo" dicho artículo por considerar que Cataluña se extralimitó en sus competencias prohibiendo una celebración declarada por el Estado como patrimonio cultural.

"Al ejercer su competencia para la regulación de los espectáculos públicos, la Generalitat (órgano de gobierno de Cataluña) ha menoscabado la competencia del Estado para la preservación del patrimonio cultural común", reza el texto.

La sentencia no fue adoptada por unanimidad, y da la razón a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el conservador Partido Popular (PP), que gobierna España.

El Parlamento regional catalán, de mayoría nacionalista, votó dicha prohibición en 2010, en nombre de la defensa de los animales. La medida entró en vigor en enero de 2012.

La ley partió de una iniciativa legislativa popular lanzada en 2008, que recabó 180 mil firmas. Cataluña se convirtió así en la segunda región española en prohibir los toros en su territorio, después del archipiélago de las Islas Canarias en 1991.

Más adelante, en 2013 y 2015, se aprobaron en España dos leyes con las que se declaró a las corridas de toros como patrimonio cultural, que no fueron recurridas y que el Constitucional esgrimió para apoyar la sentencia emitida este jueves.

Pero más allá de la ecología, la tauromaquia tiene también un fuerte componente político en una Cataluña gobernada por una coalición secesionista, que denosta la "fiesta nacional" española.

CUESTIÓN POLÍTICA

Desde hace años, el Constitucional y el Tribunal Supremo responden sistemáticamente a todos los pasos del Parlamento catalán hacia la independencia, una cuestión que el presidente regional Carles Puigdemont quiere someter a referéndum en septiembre de 2017.

"En el Estado español es anticonstitucional prohibir la tortura y asesinato de un animal públicamente. Diría que está todo dicho", criticó en Twitter Gabriel Rufián, portavoz en el Parlamento español de Esquerra Republicana de Catalunya, que gobierna la región en el seno de una coalición independentista.

"El Tribunal Constitucional anula el siglo XXI", abundó Raúl Romeva, otro dirigente de la coalición en el poder en Cataluña.

Los 'animalistas' no tardaron tampoco en reaccionar, tachando la decisión de "desgracia", tal y como dijo a la AFP Ana Bayle, secretaria de la junta directiva del partido animalista PACMA, muy militante en esta cuestión.

"Una vez más demuestran que han utilizado a los animales en una guerra política"; ellos "ni saben de animales ni les importa", añadió Bayle refiriéndose a los jueces del alto tribunal.

La última corrida en Cataluña tuvo lugar el 25 de septiembre de 2011 en la plaza Monumental de Barcelona, repleta para la ocasión. Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín lidiaron delante de 18 mil aficionados.

Marín, uno de los pocos toreros catalanes, se felicitó precisamente por la decisión del Constitucional en su cuenta de Twitter: "dejo de ser un clandestino, vuelvo a ser libre, Cataluña nunca dejó de ser taurina y ahora es más que nunca.. estoy muy emocionado!!!!".

El toreo "es una historia y un arte que forma parte de la identidad de ciertos pueblos, y era totalmente aberrante que una institución política, el gobierno catalán, haya podido prohibirlo", comentó el francés Simon Casas, nuevo director de la plaza madrileña de Las Ventas.

Según la Fundación del Toro de Lidia, la tauromaquia da trabajo de forma directa e indirecta a unas 200 mil personas en España.

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