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Amnistía para presos políticos de Venezuela,
en riesgo tras decisión de tribunal

El fallo del TSJ ha sido calificado por juristas venezolanos como una estrategia para anular a la oposición, ahora mayoritaria, que horas antes de la decisión recibió el proyecto de ley y el proyecto de decreto legislativo de amnistía y reconciliación nacional.
Lissette Cardona/ Corresponsal
12 enero 2016 19:43 Última actualización 13 enero 2016 5:0
Leopoldo López. (Reuters)

Leopoldo López, uno de los presos político del gobierno de Maduro. (Reuters)

CARACAS.- La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión que esperaba la oposición: anuló la proclamación y juramentación de 4 diputados, uno oficialista y el resto opositores, que representan al estado Amazonas (al sur de Venezuela) y declaró nulos todos los actos y decisiones de la Asamblea Nacional en los que participen los parlamentarios cuestionados.

Con 3 de los 4 parlamentarios la oposición logró 112 escaños en las elecciones del pasado 6 de diciembre, con los que rebasó la cantidad mínima de 110 diputados que le daban la mayoría calificada.

El fallo del TSJ ha sido calificado por juristas venezolanos como una estrategia para anular a la oposición, ahora mayoritaria, que horas antes de la decisión recibió el proyecto de ley y el proyecto de decreto legislativo de amnistía y reconciliación nacional.

De ser aprobados la ley y el decreto suponen: “La extinción de toda responsabilidad civil, penal, administrativa, laboral, disciplinaria o tributaria, mediante la finalización definitiva de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas o sanciones”. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, ONG promotora de la propuesta, explicó que se presentaron dos opciones para lograr la ansiada libertad de los presos políticos.

Si la Asamblea Nacional aprueba la ley debe ir al Ejecutivo Nacional para su promulgación, camino que sería obstaculizado por el gobierno que ya anunció su desacuerdo con la medida. La vía del decreto legislativo es más expedita pues faculta al Parlamento de emitir la decisión por su cuenta. Ambas propuestas pueden ser revisadas en la página del FPV http://www.foropenal.com/propuestas.

De acuerdo con el artículo 187 de la Constitución venezolana, la Amnistía solo puede ser concedida por la Asamblea Nacional. Sin embargo, tras el fallo del TSJ su declaratoria sería nula.

Ambas propuestas beneficiarían, en primer lugar, a 76 presos políticos como el dirigente del partido Voluntad Popular Leopoldo López, así como a otros 25 mil venezolanos que se han declarado perseguidos políticos en los últimos 17 años.

Tras la suspensión de 4 de los 167 diputados, la oposición quedó con 109 parlamentarios y el gobierno con 55. Constitucionalistas señalan la necesidad de definir si la composición de la Asamblea Nacional se hará sobre la base de los diputados cuyo ejercicio no está cuestionado, situación que daría nuevamente la mayoría absoluta a la oposición.

PODERES EN PUGNA 

La guerra entre los poderes públicos en Venezuela recrudeció el lunes. La fracción opositora de la Asamblea Nacional emitirá su posición oficial en la sesión de este miércoles.

Sin embargo, varios expertos como el doctor en Derecho y docente universitario, José Ignacio Hernández, señalan que el Parlamento no puede acoger la medida del máximo tribunal venezolano porque no existen los actos de desproclamación. "Esa sentencia es inejecutable", argumentó.

Otro grupo de especialistas también recordaron que en 2013, la Sala Constitucional del TSJ determinó que "cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido (...) implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una ‘técnica operativa'", lo que representa un precedente que contraviene el fallo emitido el lunes pasado.

La decisión pone en tela de juicio incluso a la tradicional entrega de Memoria y Cuenta y emisión del mensaje anual a la nación del presidente Nicolás Maduro pautada para el viernes 15 de enero en el Hemiciclo parlamentario en la que se espera que la mayoría opositora interpele a Maduro. Sin embargo, a juicio del diputado oficialista Pedro Carreño, el TSJ también debe decidir la instancia que supliría a la Asamblea para recibir los informes de gestión presidencial.

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