De manera urgente e importante, es necesario revertir la denominada Reforma Energética que vino prácticamente a "expropiar" el control y el manejo de los ingresos petroleros, bajo la complacencia (o complicidad?) del Poder Legislativo, poniéndolos ahora bajo la tutela de un "Fideicomiso" Autónomo.
Quizás para la mayoría de los ciudadanos, el alcance de esta reforma nunca quedó claro, amén de que tampoco se difundió, con precisión, la nueva situación que se generaría, tanto en materia de finanzas públicas, como en materia de federalismo fiscal, ya que sus implicaciones son devastadoras.
Lo primero que hay que explicar, es que con la reforma, la aprobación y el manejo de los ingresos petroleros, SALE del ámbito Legislativo, ya que se crea una nueva Ley, la de Ingresos de Hidrocarburos, la cual NO aprueban año con año los Legisladores, mientras que el gasto petrolero lo realiza ahora el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo, el cual es un Fideicomiso autónomo, y cuyo presupuesto de egresos, (léase gasto petrolero) TAMPOCO es aprobado anualmente por la Cámara de Diputados, como ocurre con el Gasto Público Federal.
Esto nos lleva a una situación de pérdida de control y de opacidad en el manejo de los ingresos petroleros, ya que no sólo desconocemos el monto de estos ingresos que percibirá el Gobierno, a través del Fondo Mexicano del Petróleo, así como tampoco sabemos cómo se aplicarán dichos recursos, pues el presupuesto de egresos del Fondo, tampoco es aprobado por los Legisladores.
Por otro lado, es totalmente irregular, por no decir ilegal, que sea el Fondo Mexicano del Petróleo quien ahora le cobre los Derechos petroleros a Pemex, ya que NO es Gobierno, además de que no otorga ninguna contraprestación en función de derecho público.
Con referencia a las nuevas CONTRAPRESTACIONES que cobrará el Gobierno Federal por los Contratos que se lleven a cabo con la apertura petrolera, se tiene que estos ingresos NO son participables a los Estados, lo cual simplemente es absurdo e inaceptable, pero así lo aprobaron los señores Legisladores.
Por otro lado, la transformación de Pemex y de la CFE en Empresas Productivas del Estado, sin haber reformado la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para incluir esta nueva figura, llama a suspicacia, pues legalmente ya no forman parte del sector público federal, aunque pretenden que así sea.
El colmo es legislar en las Leyes de estas nuevas Empresas, para incluir una nueva figura, en este caso la empresa "Filial", la cual de manera explícita se señala que NO forma parte del sector público federal, (y por lo tanto no es auditable) aunque esté constituida con recursos públicos y sea controlada por una empresa productiva del estado o una empresa productiva subsidiaria. Más aún, la Filial puede ser constituida en cualquier País del mundo y se sujetará a las leyes del País donde se constituya.
Bajo el peregrino argumento que ahora Pemex y CFE buscarán fines de LUCRO, se les desliga del alcance de las Leyes que regulan las Adquisiciones, la Obra Pública, e incluso la Deuda Pública, no señores, no se confundan, estas empresas siguen manejando recursos PÚBLICOS, y por ese hecho siguen siendo Empresas Públicas, más cuando en el caso de Pemex, usufructa una riqueza que es de LA NACIÓN, y no sólo del Gobierno Federal, por lo que nos debe de rendir cuentas a todos los mexicanos y hacernos partícipes de sus frutos.
El colmo es que el Gobierno Federal, no sólo NO se conforma con apañarse la totalidad de la renta petrolera, sino que nos vende la gasolina a precio internacional de producción, (como si tuviéramos sueldos en dólares) MÁS CUATRO IMPUESTOS, cuando el petróleo es de todos. Esto es simplemente un atropello al pueblo.
Por supuesto que hay que regresar al pasado. Hay que dar reversa a las empresas productivas del estado y acotar, regular y supervisar al Fondo Mexicano del Petróleo, así como participarles a los estados de cualquier nuevo ingreso, y eliminar el IEPS a las gasolinas, ya que como lo he señalado en notas anteriores, este era NEGATIVO y no aportaba a los ingresos públicos.
El autor es especialista en estudios económicos y de finanzaspúblicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.
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