Monterrey

Monterrey VI, un proyecto controversial

El proyecto hidráulico Monterrey VI, que consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros de largo desde la Cuenca del Río Pánuco hasta Nuevo León, ha sido cuestionado por la sociedad civil regiomontana a tal grado que exige su cancelación.
Juan Anbtonio Lara
07 diciembre 2014 20:41 Última actualización 08 diciembre 2014 6:0
Monterrey VI.

Monterrey VI.

MONTERREY.- El proyecto hidráulico Monterrey VI, que consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros de largo desde la Cuenca del Rio Pánuco hasta Nuevo León, ha sido cuestionado por la sociedad civil regiomontana a tal grado que exige su cancelación.

Su petición se sustenta en la “patente opacidad, falta de control e irregularidades (financieras, ecológicas y legales) de las que está plagado el proyecto”, señalaron dirigentes de 11 organismos en un escrito entregado al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y al Congreso del Estado.

Los dirigentes señalan que las anomalías de este proyecto llegan al absurdo de que no se sabe exactamente cuál será el costo, porque primero se informó que serían 14 mil millones de pesos, luego que serían 47 mil y después 57 mil millones de pesos.

Además, comentan que no se han compartido los estudios de factibilidad ecológica que justifiquen la viabilidad del proyecto en los ecosistemas que pretende trastocar.

“Es un proyecto que elevará sustantivamente la ya muy alta deuda del gobierno del estado y dejará en un estado de vulnerabilidad las finanzas de Agua y Drenaje y a la próxima administración del gobierno estatal, al tener que pagar 125 millones de pesos mensuales, más el IVA, en los próximos 27 años”, dijo Malaquías Aguirre, presidente de Vertebra y ex presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey.

CONSTRUCTORES

Lorenia Canavati, representante de Evolución Mexicana, otro de los organismos que exige la cancelación del proyecto, comentó que entre las irregularidades destacan la contratación de empresas cuestionadas en otras obras.

Entre estas empresas mencionó a Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial del Grupo Higa, señalado como contratista favorito de la Presidencia.

Grupo Higa había ganado el contrato para construir el tren rápido México-Querétaro, pero el fallo de ese concurso fue revocado unos días antes de que se diera a conocer que el mismo constructor financió a la esposa de Peña Nieto una residencia con valor de 7 millones de dólares.

Canavati dijo que otra de las empresas que participarán en esta obra es Pyecsa, relacionada con el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
Daniel Butruille, de Evolución Mexicana, mencionó que este proyecto es innecesario porque Conagua tiene identificados seis proyectos subterráneos con viabilidad técnica-económica cuyos costos de inversión y operación son 20 veces menores que los Monterrey VI.

“Hasta el día de hoy no están disponibles ante la opinión pública todos aquellos documentos esenciales que demuestran que se ha seguido los debidos procedimientos y trámites para garantizar la viabilidad del proyecto en los aspectos financieros, sociales, ambientales y técnicos”, indicó.

ORIGEN

El Gobierno de Nuevo León recibió de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el año 2010 bajo la Administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la asignación de un volumen de aguas nacionales provenientes de la cuenca del Pánuco, de 15 metros cúbicos por segundo, cantidad superior al 100 por ciento del suministro total actual al Área Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con información de Agua y Drenaje de Monterrey, la Cuenca del Río Pánuco tiene una disponibilidad media anual de 442 metros cúbicos por segundo, por lo que el volumen asignado a Nuevo León, de 15 metros cúbicos, representa un 3 por ciento.

Mariano Núñez González, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Colegio de Abogados de Nuevo León, comentó que este proyecto no ha sido autorizado por las comunidades de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí que pudieran salir afectados.

“Falta el dictamen del impacto hídrico social, una relación de las comunidades o pueblos afectados, las afectaciones sociales que causará, el dictamen del costo beneficio social y el buen funcionamiento del flujo subterráneo”, indicó Núñez.