Uso y abuso de los fideicomisos para “devengar” el gasto público
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Uso y abuso de los fideicomisos para “devengar” el gasto público

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Monterrey

Uso y abuso de los fideicomisos para “devengar” el gasto público

OPINIÓN. Ocasionalmente se crean Fideicomisos para hacer “cochinitos” cuya constitución y objeto son bastante cuestionables, e incluso pudieran ser materia para fincar responsabilidades.

COMENTARIO ECONÓMICOMarco A.Pérez Valtiermperezv@perezgongora.com
27/09/2017

Conforme lo dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, si un gasto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se devenga, debe de reintegrarse ese dinero a la Tesorería de la Federación.

Por otro lado, la figura del Fideicomiso es un mecanismo muy socorrido por nuestras autoridades para “devengar” gasto que en realidad no ha sido erogado, y evitar así que se cancelen partidas presupuestales.

De hecho, existen Fideicomisos cuyo objeto expreso es mantener disponibles recursos públicos para que puedan ser utilizados en caso necesario, como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y los Fondos de estabilización de ingresos, tanto del Gobierno como de los Estados.

Obviamente, en estos casos, la transferencia de recursos se hace de manera explícita para contar con los recursos disponibles para enfrentar contingencias de gasto, o caídas en ingresos.

El asunto es que ocasionalmente se crean Fideicomisos para hacer “cochinitos” cuya constitución y objeto son bastante cuestionables, e incluso pudieran ser materia para fincar responsabilidades.

Tal es el caso del Fideicomiso que constituyó el Gobierno Federal el pasado 8 de mayo de 2015, denominado “Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal”, cuyo objeto era financiar proyectos de inversión del SIGUIENTE AÑO.

Si bien se constituyó con tan solo 10 mil pesos, durante el ejercicio fiscal 2015 acumuló recursos presupuestales que llevaron su saldo al cierre de ese ejercicio a una cantidad de 31 mil 908.6 millones de pesos, recursos que adicionados con sus mil 155.5 millones de pesos ganados por concepto de intereses, se “gastaron” totalmente en 2016, sin precisar en qué proyectos o programas, siendo liquidado el 23 de diciembre de 2016 al quedar su saldo disponible en ceros.

Este es solo un ejemplo de como se “abusa” de esta figura del Fideicomiso para “devengar” recursos que no debieron ser gastados, toda vez que no es correcto (ni legal) usar recursos fiscales generados en 2015, para hacer una alcancía o “cochinito” no contemplado en el Presupuesto de Egresos, para ser gastado el año siguiente, cuando existe un déficit presupuestal que requiere ser financiado con deuda.

De hecho, la Ley de Ingresos 2016 NO incluyó ni consideró ninguna DISPONIBILIDAD inicial para ser aplicada o gastada en ese año, por lo que los programas y proyectos de gasto aprobados en 2016, contaron con su correspondiente fuente de financiamiento incluida en Ley de Ingresos, lo que pone en tela de duda la legitimidad de los más de 33 mil millones de pesos gastados en 2016, provenientes de ese Fondo.

Otro ejemplo de “abuso” en el manejo de estos Fondos y Fideicomisos, es el creado por el presidente Zedillo hace más de 18 años, para apoyar a los hogares de Mexicali (su pueblo natal) con apoyos financieros para aislar viviendas y reducir su consumo de energía eléctrica, el cual casi no opera ya, pero mantiene recursos disponibles por mil 132 millones de pesos.

El Fondo 1936, (Nacional de Infraestructura), cerró el 2016 con una disponibilidad de más de 50 mil millones de pesos, mientras que el Fideicomiso del Sistema de Protección Social a la Salud, tenía disponibilidades de casi 65 mil millones de pesos, mientras que en Nuevo León tenemos dos hospitales a medio construir.

En el poder Judicial, la Suprema Corte tiene Fideicomisos para otorgar pensiones “adicionales” a sus Ministros y sus empleados, así como para sufragar GASTOS DE MANTENIMIENTO de las viviendas de los Magistrados, así como lo lee.

Al cierre de 2016, los ingresos disponibles en Fondos y Fideicomisos sumaban 582 mil 439.8 millones de pesos, cantidad superior a la deuda neta a contratar para 2018.

Se ocupa cerrar huecos como estos.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.

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Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
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