La alternancia política en la gubernatura del Estado de Nuevo León como proceso para dinamizar y modificar las relaciones entre gobernantes y gobernados ha perdido su rumbo. Por supuesto, no podemos señalar a un único responsable sino a todo un sistema de complicidades que se ha dedicado a administrar los retos más importantes que enfrentamos los neoloneses del área metropolitana de Monterrey, del sur del estado y de nuestra frontera con las entidades de Coahuila, Tamaulipas y Texas.
En primer lugar, tenemos una administración estatal liderada por un ex militante del Partido Revolucionario Institucional que mantiene las formas de gobernar que ya no son ni eficientes ni eficaces ni responden a una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Allí esta el ejemplo del transporte público. Lejos de innovar y hacer sostenible el transporte público, las empresas responsables de brindar el servicio responden únicamente a intereses sindicales que, hasta el momento, permanecen intocables.
En segundo lugar, los partidos políticos en el Congreso del Estado han atrincherado sus posiciones políticas, pero han dinamitado los puentes de comunicación con los ciudadanos y la sociedad civil organizada. Mientras que en Jalisco, Pedro Kumamoto busca revolucionar la forma de hacer política y reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, en nuestra entidad los diputados locales no han sido capaces de innovar la forma de hacer política.
Ni siquiera partidos políticos como "Movimiento Ciudadano" que buscan reeditar en nuestra entidad el liderazgo emergente de Enrique Alfaro en Guadalajara, han logrado posicionar planteamientos que permitan demostrar con hechos que hay un partido político diferente que busca construir puentes con la ciudadanía. Y no estamos señalando la falta de iniciativas de ley, sino simplemente influir en la agenda política para incluir en el debate temas como el matrimonio igualitario, violencia intrafamiliar, igualdad de género y derechos humanos.
En tercer lugar, los alcaldes de la entidad, a través de la creación de la Asociación Metropolitana de Alcaldes de Nuevo León, ejercen una visión cerrada de la política a nivel local y lejos de la ciudadanía. La amenaza de abandonar la plataforma ciudadana "Alcalde, cómo vamos?" nos muestra el rostro más real y antidemocrático de la política a nivel local. Es posible que los Alcaldes del área metropolitana de Monterrey no recuerden que si buscan la reelección en los comicios del 2018, tendrán que buscar a los mismos ciudadanos a los que hoy les han cerrado las puertas.
En cuarto lugar, los diputados locales de todos los partidos e independientes siguen aprobando leyes como la Ley de Participación Ciudadana que, como sucede en todo México, se queda en un texto reluciente pero sin la voluntad política de hacerla efectiva.
Académicos como Jesús Cantú han señalado a "El Financiero MTY" que los ciudadanos de nuestra entidad corren el riesgo de vivir bajo una Ley de Participación Ciudadana que se convierta en ley muerta sin los mecanismos necesarios para trasladar la participación en prácticas reales que incentiven y generar un mayor involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones a nivel municipal y nivel estatal.
Los tiempos electorales se acercan, pero los ciudadanos no han recibido las respuestas a las demandas sociales más urgentes, como la lucha contra la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos y mayores oportunidades económicas que permitan una mayor movilidad social. El tiempo se agota.
El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.
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