MONTERREY.- Debido a que La empresa Kemed Construcciones fue contratada por CCC Fabricaciones y Construcciones, proveedora de Pemex, para la reconstrucción de la refinería de Tula desde el 2011 y se le adeudan 36 millones de pesos por estos trabajos, David Ramírez Hernández, director de la firma, denunció una presunta colusión entre la empresa estatal y la regiomontana.
El directivo explicó que si bien el trato y contrato fue hecho con CCC, del regiomontano Félix Cantú Ayala, donde también se incluía el mantenimiento y reparación de equipo exclusivo de y para la refinería, Pemex no ha intervenido en este problema pese a que Kemed aún posee, en sus instalaciones de Cadereyta, condensadores, una turbina de bomba y un tanque acumulador de vapor propiedad de Petróleos Mexicanos.
Por los adeudos, la empresa de Ramírez Hernández interpuso una demanda en el Distrito Federal en el juzgado 4 civil y que está con el expediente 797/2014.
"Tardamos mucho tiempo en poner la demanda porque tuvimos muchas promesas de que se nos iba a pagar lo que se nos adeuda, nosotros contamos con algunos equipos propios de la planta (de Pemex en Tula, Hidalgo) que se accidentó, que nos sirven como una garantía para presionar para que de alguna manera nos pagaran, cosa que no sucedió.
"Pensamos que Pemex voltearía a vernos para recoger esos equipos y se solucionara el problema y ellos arrancaran su planta, cosa que tampoco ocurrió", dijo.
En la denuncia se señala que en marzo de 2012 Pemex y CCE celebraron un contrato mixto de obra pública para la rehabilitación de la planta reductora de viscosidad y áreas periféricas, que incluyen el desmantelamiento, construcción, pruebas y su puesta en operación, para lo que Kemed Construcciones fue subcontratada.
El director general de Kemed aseguró que la pasividad de Pemex se basa en que el proyecto fue realizado por asignación directa y no por licitación, lo que derivó en que la antes paraestatal en vez de reclamarle el equipo valuado entre 180 y 200 millones de pesos, que había sustraído para su mantenimiento y reparación; decidió volver a comprar parte de esa maquinaria y la otra sustituirla con equipos de otras refinerías.
Mencionó que el contrato que firmaron con la empresa de Cantú Ayala, cuyo plazo y monto fue ampliado en diversas ocasiones, fue por un monto de 101 millones de pesos, de los que se les pagó una parte.
"A la fecha, esa empresa nos debe 36.5 millones y eso nos ha llevado prácticamente a la quiebra; nos ha afectado como empresa, pero también con los proveedores, trabajadores, con los bancos. Nuestra fuerza laboral quedó prácticamente desintegrada, porque 180 trabajadores del área de construcción han sido perjudicados", dijo.
Por su parte, Claudia Carrillo Garza, gerente de compras de la firma, pidió a las autoridades federales poner atención al caso, pues al igual que ellos hay otras pequeñas y medianas empresas en una situación similar.
"El gobierno siempre está insistiendo en el apoyo de las pymes en la economía, no es posible que por un lado digan que nos ayudan y por otro lado dejen que nos vayamos a la quiebra", añadió.