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El 33.7 por ciento de las empresas del país fue víctima de algún delito durante 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), dada a conocer recientemente por el INEGI.
Entre las empresas afectadas, se estima que el 38.4 por ciento pertenecen al sector comercio, el 30.6 por ciento a la industria en sus diferentes modalidades y el 29.3 por ciento al sector servicios. En cuanto al tamaño de los negocios afectados, el 59.3 por ciento de las empresas son consideradas grandes, el 61.5 por ciento medianas, el 51.4 por ciento pequeñas y el 32.9 por ciento microempresas.
La ENVE detectó también que durante 2017, el delito con mayor incidencia fue el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, mientras que el robo hormiga ha superado a la extorsión como el segundo delito con mayor incidencia.
El costo promedio del delito por empresa en 2017 fue de 66 mil 31 pesos. En empresas grandes el costo promedio pasó de 1.4 a 1.9 millones de pesos entre 2015 y 2017; de igual forma, en las empresas medianas pasó de 510 mil a 725 mil pesos.
El costo total en el país estimado a causa de la inseguridad y la delincuencia fue de 155 mil millones de pesos, el equivalente a 0.86 por ciento del producto interno bruto (PIB)
La cifra negra; es decir, el porcentaje de delitos que no fueron denunciados asciende a 86.6 por ciento. En estos casos no hubo denuncia, o no se inició averiguación previa. La cifra negra en las empresas comerciales fue de 83.7 por ciento en 2017, mientras que en las empresas pequeñas, esta cifra ascendió a 79.0 por ciento.
Del total de denuncias hechas por las empresas afectadas ante el Ministerio Público, en 62.9 por ciento de los casos no sucedió nada o no se resolvió, o bien, la denuncia está en trámite. Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las empresas destaca la pérdida de tiempo con un 35.6 por ciento, dentro de las causas atribuibles a la autoridad.
Otras causas atribuibles a la autoridad son: miedo a que lo extorsionaran, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o malas experiencias anteriores. Por otras causas se entiende: miedo al agresor o por tratarse de un delito de poca importancia.
A nivel nacional, 63.0 por ciento de los negocios considera a la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que les afecta, seguido del bajo poder adquisitivo de la población con 35.4 por ciento, y la falta de apoyos del gobierno, señalado por el 33.4 por ciento de los negocios entrevistados.
En Nuevo León, se vieron afectadas por la delincuencia dos mil 917 de cada 10 mil empresas, que tuvieron un costo promedio de 79 mil 475 pesos por empresa, cifra superior al promedio nacional. Los delitos que más afectaron a las empresas nuevoleonesas fueron el robo o asalto de mercancía o dinero y la extorsión.
La delincuencia y la inseguridad tienen numerosos efectos adversos para las empresas: incrementan los costos de operación, bajan los índices de rentabilidad, disminuyen el valor presente de los proyectos de inversión y, en general, afectan el clima de negocios y la confianza empresarial.
Es por eso, entre otras cosas, que el combate a la delincuencia debe estar entre las primeras prioridades de la nueva administración presidencial, ya que puede ser la diferencia entre la recuperación del crecimiento sostenido y el estancamiento que hemos padecido durante los últimos sexenios.
180 mil presos en México
Al cierre de 2017 se encontraron privadas de la libertad en México 180 mil 375 personas, de las cuales el cinco por ciento fueron mujeres. Esto fue dado a conocer en el noveno Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), elaborado por el INEGI.
El CNGSPSPE se destaca que durante 2017 ingresaron 98 mil 310 personas a centros penitenciarios, y egresaron un total de 100 mil 804 personas de los mismos.
En cuanto a la población privada de la libertad, 124 mil 593 personas contaban con sentencia al cierre de 2017. La mayor proporción de personas sin sentencia la tiene Durango con 63.9 por ciento; por el contrario, la Ciudad de México registró el mayor porcentaje de población sentenciada, con 87.3 por ciento.
En el caso de Nuevo León, el 64.0 por ciento de la población recluida están sentenciados, mientras que el 36 por ciento restante se encuentran sin sentencia.
El autor es economista dela UANL, con Doctorado en la Escuelade Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.
Opine usted: cesareo.gamezgr@uanl.edu.mx
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