Pues ahora resulta que dos de las tres calificadoras más importantes, mejoraron la perspectiva y la calificación crediticia del estado de Nuevo León, situación a todas luces cuestionable, por no decir injustificable, que viene a reiterar, por enésima ocasión, no solo la deficiencia de sus análisis, sino la necesidad de regular y de sancionar, de manera legal y coercitiva, las operaciones y las "recomendaciones" de estas calificadoras.
Como usted recordará, las empresas calificadoras empezaron a ser cuestionadas cuando el colapso financiero del gigante petrolero "Enron", el cual, días antes de su quiebra, se le calificaba con triple "A", el grado más alto de inversión.
Sin embargo, no es sino hasta la gran crisis financiera de 2008-2009 cuando las calificadoras entraron al ojo del huracán, ya que se les acusa, no sólo de no haber advertido, sino de haber contribuido a crear la burbuja financiera del mercado "subprime" hipotecario, que permeó a todo el mundo, perjudicando a millones de inversionistas, impunemente.
Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande en los EUA, días antes de su bancarrota, en septiembre de 2008, ostentaba las mayores calificaciones por parte de Standard and Poor's, (S&P) Moody's y Fitch, las tres calificadoras más importantes de EUA y del mundo.
El prestigiado economista Joseph Stiglitz, laureado con el premio nobel de economía en 2001, opinó en diciembre de 2008 que lo que sucedía al interior de las calificaciones, era más parecido a un truco de magia que a una evaluación seria del riesgo de "default".
Sin duda una buena parte de este problema, es el evidente conflicto de intereses que existe en este mercado, ya que el propio "cliente" que necesita la calificación, es el que elige a la calificadora y le paga por sus servicios, consiguiendo a la vez, "asesoría" de la propia calificadora para mejorar su "ranking".
No obstante hubo muchas voces en todo el mundo a favor de legislar un marco regulatorio y de control más severo, los grandes intereses financieros hicieron muy bien su labor, y lograron mantener prácticamente igual su impunidad operativa, ya que solo se legisló para "reforzar" la supervisión gubernamental e introducir mayor divulgación de las metodologías.
Pero bueno, con relación a la mejoría que acaban de hacer a la calificación crediticia del Estado las calificadoras de Fitch y de S&P, la verdad es que después de leer sus respectivos reportes, me confirman que aquí hubo gato encerrado.
Ahora resulta que en la perspectiva del endeudamiento estatal, según S&P su NIVEL DISMINUIRÁ!! Hágame usted el favor, o esta gente no vio la Ley de Ingresos aprobada para este año, o así estuvo el HONORARIO que cobraron por el "$ervicio".
Si revisamos los ingresos por financiamientos (léase MÁS DEUDA) que los Diputados le aprobaron al Estado, por 7 mil 509.4 millones de pesos, y le sumamos el GASTO aprobado que NO cuenta con ingresos para ser sufragado, de 2 mil 432.5 millones de pesos, que necesariamente tendrán que ser financiados con MÁS DEUDA, se tiene entonces que el NIVEL DE LA DEUDA para 2017 será SUPERIOR en 9 mil 941.9 millones de pesos al registrado en 2016.
Bueno, la cosa no para ahí, ya que los Diputados etiquetaron también para "gastar" 2 mil 802.5 millones de pesos de "excedentes financieros de años anteriores" (dinero que NO tienen disponible) y que también habrá de salir de MÁS DEUDA.
Es decir, para 2017, el Estado requiere colocar 12 mil 744 millones de pesos, tan sólo para sufragar el Gasto aprobado irresponsablemente por los Diputados. Esto es 33.6 por ciento MÁS DEUDA que al cierre de 2016.
Por otro lado, Fitch señala que le "preocupa" el nivel de deuda de los Organismos y Empresas, pero NO reporta que la Red Estatal de Autopistas contratará 9 MIL MILLONES más de deuda este año, y casi 4 mil millones se irán a más gasto.
Finalmente, es absurdo decir que hay "Control Presupuestal" y "Recortes al Gasto" cuando éste será 12 mil 512 millones de pesos SUPERIOR al aprobado en 2016 (16.2 por ciento), y salvo el recorte a la Inversión, TODOS los rubros de gasto están creciendo.
Urge que la autoridad meta en cintura a estas "calificadoras".
El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados.
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