El anuncio realizado el viernes pasado por Ernesto Canales Santos, Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción, contra el ex gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz y algunos de su ex colaboradores, es sólo el inicio de una larga batalla judicial entre ambas partes.
Abogados que prefirieron omitir sus nombres, señalaron que el juicio contra el ex mandatario del Estado podría tardar hasta un año.
Dentro de las investigaciones formales contra ex funcionarios de la administración estatal anterior, el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón anunció el aseguramiento de 22 bienes inmuebles como medida precautoria.
Aldo Fasci, Asesor Jurídico del Gobierno del Estado en la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción, detalló que de estas propiedades aseguradas, solo una de ellas pertenece al ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, ya que otra que tenía la vendió y dos más las cedió recientemente a familiares.
La propiedad embargada es una finca campestre en el municipio de Terán, de una extensión aproximada a las 35 hectáreas.
"En términos generales, hasta hoy se han embargado 22 inmuebles. Es un corte en el Estado de Nuevo León, no se ha concluido la función, esa tarea; estamos solicitando colaboración de otros estados para continuar el tema de los embargos", explicó Fasci el sábado pasado.
El funcionario señaló que la investigación se realizará de manera transparente, para que la ciudadanía esté al tanto de los avances, aunque la decisión final recaerá en los tribunales.
"Hemos visto que hay mucha esperanza de que las cosas cambien y que hagamos bien las cosas, y les decimos de frente que esto va a continuar", señaló.
"(Debemos) explicarles que el procedimiento que se estableció por parte del Ministerio Público y que se procederá a solicitarle la audiencia al Juez, es la forma más transparente para hacer las cosas, más anticipadas. No quisimos hacer las cosas en lo oscurito.
Informó que, en los próximos días, la Subprocuraduría solicitará al Juez de Control fijar las fechas de las audiencias iniciales para los ex funcionarios involucrados, quienes obligadamente deberán acudir de manera personal, de acuerdo con las reglas del nuevo sistema de justicia penal.
"Estamos anticipando y presentando tanto a la ciudadanía como a los actores o implicados todos los casos, les estamos dando todos los derechos al publicar las cosas y tienen todo su derecho de acudir a la Fiscalía e informarse de todo lo que hay antes de la audiencia.
"El juicio como sabemos es abierto, es público y nos interesa mucho que sea en los tribunales donde se termine la verdad", indicó.
PROCESO
La audiencia inicial se realizará en un plazo de 20 a 30 días, lo cual podría ser a finales de junio o principios de julio, según abogados.
El Juez que conozca este caso deberá decidir si continúa o no la investigación. En caso afirmativo, la Subprocuraduría podría solicitar más tiempo para seguir investigando, lo cual podría llevarse meses.
Todo este proceso legal se podría llevar hasta un año, según especialistas consultados.
Monterrey