Monterrey

Seguridad sin guerra

OPINIÓN. La amenaza de legalizar la militarización de la seguridad interior del país y dejar a un lado la creación de cuerpos policiacos civiles, sin el acompañamiento de una estrategia integral de desarrollo humano, tendrían graves consecuencias.
ENTRADA LIBRE
Sergio López Ramos
slramos2020@ gmail.com Twitter: @serlopram
04 abril 2017 8:37 Última actualización 04 abril 2017 9:0
Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la primera Encuesta de Percepción Ciudadana en nuestra entidad que realizó la plataforma ciudadana “Cómo Vamos Nuevo León”. De manera comprensible, para un 55.9 por ciento de la población el principal problema que enfrentamos es la inseguridad.

En el sexenio de Rodrigo Medina, la principal demanda de los ciudadanos era romper con el círculo vicioso de la inseguridad que tiene sus raíces en diversos factores como la corrupción, la falta de oportunidades de movilidad social, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades y una baja o nula participación ciudadana.

Para la administración estatal anterior, el reto se podía solucionar con la creación de Fuerza Civil, sin atender la problemática de forma integral.

Por supuesto, la iniciativa de seguridad pública no solamente salió adelante sino que rindió frutos de forma temporal.

El tiempo demostró que Fuerza Civil ha sido insuficiente y que la administración de Jaime Rodríguez ha contribuido, con sus acciones y omisiones, a que la estrategia de seguridad no sea sostenible en el mediano y largo plazo. Hoy, la inseguridad se convierte nuevamente en una grave amenaza para la gobernabilidad de la entidad.

En este contexto, resulta alarmante que legisladores de las principales fuerzas políticas del país presenten diversas propuestas de ley seguridad interior las cuales, de acuerdo con el análisis de expertos y académicos agrupados en “Seguridad sin Guerra”, coinciden en cuatro puntos esenciales: a) legalizar la participación de los militares en tareas de seguridad pública, b) diseñar un marco de operación militar que no requiera ni rendición de cuentas ni transparencia, c) otorgar mayores prerrogativas al Presidente de la República y a las Fuerzas Armadas y d) disminuir el sistema de pesos y contrapesos legislativos y judiciales que supervisan y controlar la correcta ejecución de estas tareas.

Desafortunadamente, estas propuestas son el signo de nuestro tiempo.

Porque a pesar de que la narrativa oficial sostiene que el país avanza gracias a las reformas estructurales, la realidad es que los legisladores federales muestran una visión bastante reaccionaria. Pareciera que con estas iniciativas, la élite política pretende restaurar la “Presidencia Imperial” para ejercer el poder de forma antidemocrática, autoritaria, coercitiva y vertical. Queda claro que nuestra clase política profesional carece de visión e innovación.

Por eso escuchamos a Peña Nieto criticar a quienes señalan que las Fuerzas Armadas han violado los derechos humanos en Nuevo León y en México. Pero, ¿cuántas muertes más tienen que ocurrir en el estado y en el país para reconocer la crisis de derechos humanos que padecemos, producto de la guerra contra el narcotráfico?

La amenaza de legalizar la militarización de la seguridad interior del país y dejar a un lado la creación de cuerpos policiacos civiles, sin el acompañamiento de una estrategia integral de desarrollo humano, tendrían graves consecuencias. De acuerdo con los expertos de “Seguridad sin Guerra,” de aprobarse alguna de las iniciativas propuestas en el Congreso federal se habilitaría al gobierno para espiar y obtener información privada, se utilizaría la fuerza para controlar protestas pacíficas y se permitiría el establecimiento de bases militares de operaciones para que el Ejército realice patrullajes libremente.

Es urgente que los diputados federales por Nuevo León den a conocer su postura sobre el tema y que consideren las iniciativas de la sociedad civil para enfrentar el reto de la inseguridad de forma integral.

El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.