Monterrey

Seguridad humana

OPINIÓN. Resulta fundamental contar con una visión transversal e integral de la seguridad para diseñar estrategias que permitan generar resultados sostenibles a mediano y largo plazo.
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SERGIO
LÓPEZ RAMOS
19 abril 2016 8:51 Última actualización 19 abril 2016 8:56
Sergio López Ramos

Sergio López Ramos

Hoy en día, los ciudadanos de Nuevo León siguen enfrentando las consecuencias de administraciones estatales que no tuvieron la capacidad de diseñar e implementar políticas públicas capaces de generar estrategias de desarrollo social en la entidad. Una de las consecuencias de estas carencias fue el crecimiento de los índices de inseguridad.

De acuerdo con el texto titulado “¿Qué le pasó a Monterrey? Análisis de una crisis urbana de inseguridad a través del duelo colectivo”, de los investigadores David Pérez y Gabriela Sánchez, mientras que la administración estatal encabezada por Fernando Canales llegó a minimizar y negar que el problema de la inseguridad existiera en el estado; el gobierno de González Parás realizó eventos internacionales como el Foro de las Culturas 2007 e inversiones en diversas obras de infraestructura como la ampliación del Paseo Santa Lucía y la construcción de la Torre Administrativa; los cuales maquillaron la situación creciente de inseguridad en la entidad.

Pero, ¿qué factores facilitaron la existencia y expansión del crimen organizado en Nuevo León? Pérez y Sánchez apuntan que la principal causa que incentivó la rápida propagación del poder y capacidad de acción del crimen organizado en la entidad es la existencia de déficits estructurales en materia de desarrollo humano y urbano.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 puntualiza que “según datos presentados por el CONEVAL en el 2014, el 1.3 por ciento de la población de Nuevo León vivía en pobreza extrema, 20.4 por ciento en pobreza, y 19 por ciento en pobreza moderada; es decir, más del 40 por ciento de la gente neoleonesa vivía en algún rango de pobreza. Al evaluar el índice de carencias de CONEVAL a nivel estatal, se observa que uno de cada dos habitantes padece una o más carencias, y el 10 por ciento de nuestra ciudadanía experimenta tres o más.”

En este sentido, sería conveniente que la administración estatal analizara la posibilidad de adoptar el concepto y la metodología de seguridad humana, con el fin de complementar la seguridad que actualmente provee. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la seguridad humana destaca la universalidad de un conjunto de derechos y libertades que son fundamentales para la vida humana; complementa a los derechos humanos, y propone alternativas, mecanismos e instrumentos, tanto a nivel estatal como de instituciones y actores internacionales y nacionales.

La “Guía metodológica para la aplicación del enfoque de Seguridad Humana” señala que este enfoque implica la comprensión de una amplia serie de amenazas que pueden estar relacionadas con diversos factores como la economía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la seguridad personal, comunitaria y política. De esta forma, la seguridad humana hace énfasis en la interconexión de las distintas amenazas y de las respuestas que se pueden formular.

Resulta fundamental contar con una visión transversal e integral de la seguridad para diseñar estrategias que permitan generar resultados sostenibles a mediano y largo plazo. Las experiencias internacionales y la metodología del enfoque de Seguridad Humana de la Organización de las Naciones Unidas pueden ser fundamentales para generar un nuevo esquema de seguridad.

Jaime Rodríguez tiene la oportunidad de tomar el liderazgo en la lucha contra la inseguridad, tema fundamental para el desarrollo de la entidad. Ojalá que su administración comprenda la necesidad de cambiar la visión y las acciones para enfrentar la inseguridad.

* El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey; consultor político de la firma internacional Global Nexus y cursa sus estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.


Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.