A casi dos años de que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", anunciara la "Operación Tornado", es decir, procesos penales en contra de alrededor de 30 ex funcionarios, incluyendo el ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, aún nadie ha recibido sentencia.
El ahora Gobernador con licencia, anunció el pasado tres de junio de 2016 su plan, sin embargo lo único que lograron conseguir fue el encarcelamiento durante unas horas con el ex funcionario y un proceso penal en contra del Juez que ordenó privarlo de su libertad a Rodrigo Medina.
En febrero de este año apenas comenzarán a reanudarse el proceso de al menos 12 exmedinistas que por tres o cuatro meses permanecieron inactivos.
Jesús Cantú, politólogo e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, apuntó que están en riesgo las averiguaciones que no se han logrado concretar hasta este momento.
"Están en riesgo de que finalmente todos sean exonerados", advirtió el también politólogo.
El 28 de julio de 2016, el ex Gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, no acudió a su primer llamado para la cita de audiencia de imputación tras obtener un amparo provisional para evitar su asistencia.
Los delitos que les serían imputados eran: peculado, uso indebido y abandono de funciones, relacionados con los incentivos otorgados a la armadora de autos coreana Kia Motors, por tres mil 683 millones 504 mil 568 pesos, instalada en el municipio de Pesquería.
Medina enfrentó su proceso legal apoyado de sus abogados Javier Flores Saldívar, quien fungió como Procurador en la entidad durante el periodo de su administración, así como Alonso Aguilar Zinser.
En enero pasado del año pasado, el ex gobernador Rodrigo Medina, quedó vinculado a proceso por peculado y delitos contra patrimonio del Estado.
Durante este mismo mes, en la madrugada del 26 de enero, el ex mandatario fue internado en el penal del Topo Chico, una vez que el Juez de Control Miguel Ángel Eufracio decidió la medida cautelar, tras terminar la audiencia alrededor de las 3:00 horas.
Cabe señalar que durante ese día, circularon en las redes sociales una foto de Medina sosteniendo una ficha con el número 0238, que le corresponde como interno.
Después de 19 horas de haber ingresado al penal, fue liberado una vez que un Juez federal así lo ordenara al señalar el incumplimiento de la suspensión provisional que congelaba la orden de detención en su contra.
En septiembre del año pasado el ex gobernador fue vinculado en un segundo juicio, por el delito de peculado tras realizar viajes personales en un helicóptero del Estado, entre 2013 y 2014.
De acuerdo con la fiscalía el ex funcionario utilizó este transporte durante 18 ocasiones para viajes hacia su rancho en el municipio de General Terán.
Esta vinculación se une a las que ya enfrenta por ejercicio indebido de funciones, peculado y delito contra el patrimonio del Estado, por el caso de los incentivos hacia la armadora Kia.
Será hasta el próximo mes de febrero cuando Rodrigo Medina tenga una nueva cita con la autoridad, después de que la audiencia fue diferida luego de que se concedió una suspensión definitiva de amparo en favor de Kia Motors para no entregar documentos solicitados.
La audiencia será intermedia y también estarán citados tres ex secretarios de su administración, como Rodolfo Gómez Acosta, ex Tesorero; Rolando Zubirán y Celina Villarreal, ex Secretarios de Desarrollo Económico.
Gretta Salinas, y su esposo Rodrigo Medina, ex gobernador del estado, acudieron a la Subprocuraduría Anticorrupción en febrero del año pasado, en donde fue notificada sobre la investigación de incremento patrimonial injustificado, y podrían hacerlo de nuevo en febrero de este año.
Humberto Medina Ainslie, padre del ex gobernador Rodrigo Medina, también acudió a esta dependencia en el 2017, y correría la misma suerte.
"No tengo ninguna información. La autoridad está cumpliendo con su obligación y yo estoy cumpliendo con la mía; aquí estoy presente y vamos a cumplir con el requisito", señaló en su momento.
Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción, informó que solicitaría la presencia del padre del ex mandatario priista, así como de su esposa Gretta Salinas.
La investigación es sobre incremento patrimonial injustificado; investigación que podría derivar en el delito de enriquecimiento ilícito.
Hasta ahora, Canales ha dicho que la fiscalía está interesada en la recuperación del daño sufrido por el Estado; de acuerdo a la dependencia, existe un impacto al patrimonio estatal por más de tres mil millones de pesos, por incentivos otorgados a Kia.
Además del ex Gobernador, Rodigo Medina, también han sido citados los ex funcionarios Rodolfo Gómez Acosta, el ex Tesorero del Estado, Rolando Zubirán y Celina Villarreal, ex Secretarios de Desarrollo Económico.
EX TESORERO
Gómez Acosta fue vinculado a proceso el pasado 26 de julio de 2016 por la jueza de control Tadira Vaca por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos en contra del patrimonio estatal, debido a los incentivos otorgado a la armadora Kia Motors por más de tres mil 600 millones de pesos.
Como medida cautelar, se le impuso el embargo de un inmueble y se le retiró el pasaporte para evitar que saliera al extranjero.
La fiscalía argumentó que los incentivos otorgados a la empresa estaban fuera de la Ley de Fomento a la Inversión; un ejemplo de las medidas otorgadas fue la exención del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).
Se explicó que Gómez Acosta formaba parte del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, Fidecitrus, a través del cual fue desarrollado el proyecto de inversión que beneficiaría a Kia Motors.
Cabe señalar que la defensa del ex Tesorero, representada por Emiliano Gámez, solicitó a la armadora información sobre los contratos con la administración de Rodrigo Medina y de Jaime Rodríguez, la inspección en la planta, así como la comparecencia de los directivos de la armadora coreana. Sin embargo, la empresa obtuvo un amparo para no presentar ningún tipo de información solicitada.
EX SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Zubirán fue el tercer ex funcionario vinculado a proceso de la "Operación Tornado", el 20 de agosto de 2016, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, también por haber participado en el otorgamiento de incentivos a la armadora Kia.
Bertha Yadira Baca Saucedo, Jueza de Control, emitió su resolución al argumentar que existieron irregularidades en la entrega de incentivos para la empresa Kia.
Argumentó que compartía el argumento de la fiscalía en el sentido de que la exención del ISN por 20 años es ilegal.
En su declaración rendida ante la Juez, Zubirán recalcó que el proceso para atraer a Kia, no es un proyecto en el cual una persona era únicamente responsable de éste y que por lo tanto no era el único responsable para traerlo.
El 20 de junio de 2017, Zubirán enfrentó una segunda vinculación por el delito de ejercicio indebido de funciones, tras haber participado en el otorgamiento de un contrato por servicios jurídicos al despacho Basave-Colosio-Sánchez, en donde aparentemente habría una supuesta irregularidad al no celebrarse la asignación a través de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
El costo por el servicio de la asesoría jurídica ascendería a 650 mil pesos.
Por tercera ocasión, el ex funcionario fue vinculado el 21 de junio del año pasado por el delito de ejercicio indebido de funciones por otorgar incentivos de manera irregular a la empresa Diversiones Dinámicas.
El beneficio autorizado fue de 20 millones de pesos para la compañía operadora del Parque Bosque Mágico, pero sólo se entregaron 15 millones de pesos como incentivo para la presunta generación de empleos.
EX SECRETARIA
Otra funcionaria de alto nivel que también fue vinculada a proceso fue Celina Villarreal, ex Subsecretaria de Desarrollo Económico, el 3 de septiembre de 2016 por los delitos de ejercicio indebido de funciones, también por los incentivos otorgados a la armadora Kia.
La Jueza de Control, Patricia Quintana, determinó que los incentivos no estaban fundamentados en la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo.
Villarreal fue considerada como autora material en la propuesta de proyectos de incentivos y en la negociación de los terrenos.
Además de Medina, Gómez, Zubirán y Villarreal, a partir de febrero próximo, ocho ex funcionarios medinistas más deberán presentarse a sus audiencias, ellos son: Jorge Domene, ex vocero estatal; Emilio Rangel, ex director de Agua y Drenaje; Pedro Morales, ex director del Isssteleón; Juan Arturo Guevara Soto, ex Alcalde de Zaragoza y los ex funcionarios de la Tesorería del Estado: Jesús Salvador Garza; Alejandro Dávila; Ramiro Ayala y Néstor Armstrong.
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Después de que el ex Gobernador Rodrigo Medina fuera encarcelado como medida cautelar por instrucciones del Juez de Control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, las acciones en su contra no se hicieron esperar.
El juzgador fue vinculado el pasado 14 de julio y acusado por violar la Ley de Amparo, tras determinarse que no respetó la suspensión provisional la cual tenía vigente Medina.
Elías Cepeda Morado, juez federal, explicó que existió desobediencia por parte de Rodríguez.
En el proceso no se solicitaron medidas cautelares y la defensa del Juez de Control defendió el que no existió un incidente de violación y que cuando ordenó el encarcelamiento existió un cambio en la situación jurídica de Rodrigo Medina.
Eufracio Rodríguez obtuvo una suspensión definitiva para evitar su detención.
Al término de la audiencia, uno de los abogados del juzgador, Javier Cruz, señaló que impugnarían la decisión del Juez federal tras considerar que no justificó claramente la decisión y se atenta en contra de la labor de los jueces.