Monterrey

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OPINIÓN. La elite política del PRI no comprende, como en su momento el PAN tampoco lo hizo, que están dinamitando la gobernabilidad del próximo sexenio.
ENTRADA LIBRE
Sergio López Ramos
slramos2020@ gmail.com Twitter: @serlopram
13 junio 2017 9:20 Última actualización 13 junio 2017 9:20
Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Sergio López Ramos, politólogo por el Tecnológico de Monterrey.

Apenas ha transcurrido poco más de una semana de haberse celebrado las elecciones en cuatro entidades del país y la gobernabilidad ha entrado en una fase peligrosa, derivado de las prácticas electorales y clientelares privilegiadas por el Gobierno federal y los gobiernos estatales.

José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), afirma que existen serias inconsistencias en los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Coahuila y del Estado de México, como diferentes resultados al sumar las votos en Excel y compararlos con el PREP, entre otras.

Por su parte, la organización #NiUnFraudeMás, un colectivo ciudadano cuyo objetivo principal es cuidar la imparcialidad en las elecciones, reportó la recepción de 601 denuncias ciudadanas desde el 6 de abril hasta días después de la celebración de los comicios. Eso significa que, en promedio, se recibieron aproximadamente 10 denuncias por día.

De acuerdo con la organización, los siete tipos de irregularidades más importantes antes, durante y después de la celebración de los comicios electorales fueron: 1) presión a los trabajadores del gobierno estatal y municipal; 2) terrorismo psicológico; 3) acarreo, compra y coacción del voto; 4) violación a la “veda” electoral; 5) rebase de topes de campaña; 6) inconsistencias en el llenado de actas, conteo rápido, PREP y cómputo distrital; 7) deficiencias en la organización y la capacitación electorales.

La falta de un sistema de resultados preliminares funcional en Coahuila y las presuntas relaciones que diversos integrantes de la autoridad electoral con el PRI, han lastimado la elección y con ello, la legitimidad de los nuevos gobernadores. En los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y cuando no había instituciones electorales confiables, las llamadas concertacesiones se convirtieron en la moneda de cambio para, en primer término, demostrar la voluntad democrática del entonces Presidente de México y, en segundo lugar, obtener el apoyo legislativo del PAN para la ambiciosa agenda de reformas implementadas por Salinas de Gortari.

El problema es que desde aquel entonces, se han llevado a cabo una serie de reformas electorales cuyo objetivo es asegurar que las elecciones sean confiables y que el árbitro electoral sea capaz de sancionar y de llevar a buen puerto los comicios. Pero las elecciones del 2006 y 2017 han demostrado que estamos muy lejos de disfrutar el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Por el contrario, con el arribo del PRI a la Presidencia de la República, las malas prácticas electorales que continuó el PAN durante sus administraciones federales, se han fortalecido en detrimento de la participación ciudadana.

Sin embargo, para Peña Nieto “el PRI ha estado en los momentos cruciales de México, ha sido protagonista de las grandes hazañas de nuestra historia reciente (y) ha sabido adaptarse, levantarse cuando ha sido necesario y salir a triunfar por el bien de México (ha sido), promotor incansable de derechos y libertades políticas, de oportunidades y realizaciones para los mexicanos. El PRI ha sido un factor de desarrollo y, sobre todo, ha sido la principal fuerza de cambio para el país.”

Estas palabras son indicadores de que la elite política del PRI no comprende, como en su momento el PAN tampoco lo hizo, que están dinamitando la gobernabilidad del próximo sexenio.

La lucha post-electoral en Coahuila puede convertirse en uno de los detonadores para garantizar la equidad y la transparencia en las elecciones del 2018 o bien, para que los priistas manden al diablo a las instituciones.

El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.