Reforma laboral podría ser derogada, igual que la educativa

La Reforma Laboral se encuentra estancada, sin la respectiva ley secundaria, y ante la falta de recursos públicos para su implementación, corre el peligro, como la educativa, de ser derogada durante el sexenio actual.

Esta reforma fue aprobada el 24 de febrero del 2017 mediante un Decreto por el que se reformaron los artículos 107 y 124 de la Constitución de México y en el que contempla un año para la adecuación del marco legal en los 32 estados del país, período que ya transcurrió sin realizar estos cambios, con excepción de algunos estados, entre los que se encuentra Nuevo León.

El magistrado Sergio Javier Molina Martínez, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia Laboral por parte del Consejo de la Judicatura Federal, reconoció que hay incertidumbre en torno a este cambio que busca flexibilizar y modernizar las leyes laborales.

"La reforma constitucional se encuentra en un impasse. Podemos calificar la existencia de una incertidumbre (en materia laboral) y falta de atención a este tema", indicó Molina.

Entre otros aspectos, esta reforma contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones a través de juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.

El magistrado reconoció que la implementación de esta ley será difícil, dado que hay 450 mil juicios laborales que están en trámite a nivel nacional y se ignora por cuáles leyes serán resueltos.

"En Nuevo León se presentan más de 20 mil juicios laborales individuales por año. ¿Cuántos juzgados se necesitan abrir para atender 20 mil juicios laborales?", se preguntó Alejandro Izaguirre González, ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ex director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL.

Lo que detiene la implementación de esta reforma, opinó el especialista, es el alto costo que representa para el Estado mantener las Juntas de Conciliación por un prolongado tiempo y abrir los juzgados de lo laboral o tribunales del trabajo.

"Conforme al principio de irretroactividad de la ley, todos los juicios que ya se hayan iniciado, tanto individuales como colectivos, no pueden pasar a un juzgado", explico Izaguirre.

Por tal razón, los gobernadores están obligados a mantener las Juntas de Conciliación hasta que terminen con todos los conflictos que tienen y aquí es donde entra lo que Izaguirre señala como "pánico financiero", porque hay juicios que se llevan meses y hasta años para su resolución.

Agregó que el costo de un juzgado es superior al de una Junta Local de Conciliación, empezando por el juez que va a querer ganar lo que gana cualquier otro juez, más de 110 mil pesos mensuales, el doble de lo que percibe un presidente de la Junta.

"Desde mi punto de vista, la solución sería que el Congreso de la Unión, con la facultad que tiene y por ser el representante de la voz popular, así como publicó el Decreto del 24 de febrero del 2017, ahora lo puede declarar derogado" y con esto se daría marcha a atrás a la reforma laboral.