Monterrey

Reforma educativa, ¿para qué?

OPINIÓN. Resulta irónico que el Estado le exija a los maestros acatar la ley cuando, por lo menos, en los últimos treinta años el pacto de impunidad se ha fortalecido entre los diferentes partidos políticos y la reforma para crear pesos y contrapesos dentro del gobierno ha brillado por su ausencia.

La historia sigue en movimiento y no deja de sorprendernos. En el Reino Unido, los ciudadanos votaron a favor del nacionalismo y de abandonar el mercado común europeo por el miedo de sus habitantes de convertirse en minoría ante los crecientes flujos migratorios y, al mismo tiempo; votaron en contra de la globalización.

Ante la incapacidad de los políticos de democratizar los beneficios de la globalización y, sin la voluntad de construir nuevas instituciones; cada vez son más las sociedades molestas con sus élites gobernantes. Con una población que continua sufriendo los estragos de la crisis económica del 2008 y con autoridades con una menor legitimidad, estamos inmersos en un proceso de grave desgaste de la democracia representativa. Por eso, el creciente sentimiento de melancolía de un amplio sector de la población por un pasado con fronteras cerradas y certidumbre económica.

Y mientras los ciudadanos de los países desarrollados votan por una vuelta al pasado; en Nuevo León y en México, somos presa de un sistema arcaico que se resiste a morir y otro que no termina de nacer.
Las elites política y económica impulsaron reformas estructurales como la educativa que, en teoría, mediante la evaluación de los maestros y la asignación de posiciones por méritos y no por compadrazgos, haría más virtuoso el sistema educativo y elevaría la calidad de la educación.

Sin embargo, para Manuel Gil Antón la verdadera reforma educativa debe centrarse en garantizar el derecho a la educación para que los 32 millones de mexicanos que son analfabetas o que no han concluido sus estudios de primaria o secundaria puedan desarrollar habilidades de lectoescritura, elementales para comprender problemas y generar soluciones.

Este objetivo puede ser alcanzado a través del desarrollo de estrategias que permitan atender las necesidades específicas de las entidades con menor desarrollo social, económico y educativo para garantizar que miles de neoloneses y mexicanos tengan las oportunidades necesarias para generar una verdadera movilidad social. En este sentido, hay que facilitarle a las comunidades con mayores necesidades, las condiciones necesarias que permitan tener escuelas de material y servicios básicos; con los medios de transporte para que alumnos y maestros no tengan que caminar kilómetros y con la seguridad alimentaria necesaria para poder realizar sus estudios.

Resulta irónico que el Estado le exija a los maestros acatar la ley cuando, por lo menos, en los últimos treinta años el pacto de impunidad se ha fortalecido entre los diferentes partidos políticos y la reforma para crear pesos y contrapesos dentro del gobierno ha brillado por su ausencia. En este contexto, los maestros de Nuevo León salen a las calles, hecho que se convierte en la forma de expresar su descontento y canalizar el malestar social que invade a los maestros de Nuevo León.

Es inconcebible que la Coordinadora Nacional (CNTE) y el Gobierno Federal se hayan enfrentado en Oaxaca; en donde los primeros habrían asesinado a un periodista, mientras que las autoridades serían responsables de la muerte de 10 personas, en un intento de hacer valer la ley por la fuerza pero, ¿no hay otras salidas al problema? Y en este proceso, los neoloneses son bombardeados por una narrativa oficial que ilustra esta situación como una lucha maniquea, lo que nos impide observar una complejísima realidad cargada de una gran escala de grises.

* El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey; consultor político de la firma internacional Global Nexus y cursa sus estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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