Monterrey

¿Reforma a la Ley de Aguas por la puerta trasera?

Las propuestas han sido abiertamente criticadas por estudiosos de la materia, argumentando que abre la puerta a la “privatización” de tan vital líquido.

El lunes de esta semana hubo una verdadera avalancha de memes y de mensajes por redes sociales, alertando que Peña Nieto nos había "madrugado" publicando unos decretos donde de facto se aprobaba la nueva Ley General de Aguas que tanta polémica ha generado, incluso algunos memes decían que esto había sido durante el medio tiempo del partido contra Alemania, lo que "privatizaba" al agua en este país.

Antecedentes: Desde el año 2015, el Ejecutivo Federal ha intentando, primero a través del titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) David Korenfeld, y recientemente a través del Diputado Federal José Ignacio Pichardo Lechuga, que se apruebe una nueva Ley General de Aguas, que sustituya la promulgada en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Ambas propuestas han sido abiertamente criticadas por estudiosos de la materia, argumentando que abre la puerta a la "privatización" de tan vital líquido, otorgando concesiones permanentes y con poca o nula regulación, sin que se exija mantener el objeto original de la concesión, facilitando también el uso industrial del agua para la actividad de extracción de hidrocarburos, mediante el "fracking" o fractura del subsuelo, la cual se dice que pone en riesgo de contaminación las reservas de este vital líquido.

El primer intento abortó con la salida en abril del 2015 de Korenfeld, acusado de utilizar para uso particular un helicóptero oficial, mientras que el dictamen de la iniciativa de la denominada Ley Pichardo está en la congeladora legislativa, amenazando ser aprobada en cualquier momento, vía "fast track", como sucedió con la Ley de Seguridad Interior.

Bueno, la realidad es que hace dos semanas, precisamente el día 6 de este mes, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación, diez decretos que modifican las zonas de "Vedas" de algunas de las cuencas hidrológicas del país, utilizando las facultades que le conceden la Constitución y la Ley de Aguas en vigor, y abre la puerta al otorgamiento de nuevas "asignaciones" a gobiernos estatales y municipales y a nuevas "concesiones" a particulares, personas físicas o morales, pero bajo las mismas reglas que contiene la actual Ley de Aguas.

Es decir, bajo esta figura de Decreto Presidencial, NO se está modificando la Ley de Aguas vigente, ya que solo se reordenan algunas zonas de "Veda", lo que abre la posibilidad a las empresas privadas, para que puedan obtener nuevas Concesiones y tener acceso al vital líquido que necesitan para operar, el cual era uno de los objetivos de la nueva Ley.

Obviamente, los decretos señalan que la CONAGUA ha realizado los estudios técnicos correspondientes y ha involucrado en este proceso a los principales interesados, informándoles de estos resultados, y que en todo momento se han vigilado y resguardado los objetivos de sustentabilidad hidrológica, basados en la disponibilidad media anual de aguas, garantizando el abasto del vital líquido para uso doméstico, ambiental y de conservación ecológica.

Los resultados de estos estudios han servido para actualizar el diagnóstico de la disponibilidad hídrica de las 37 Regiones Hidrológicas del País (y de sus 757 Cuencas) y han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación con su debida oportunidad, desde el año 2016 a la fecha, por lo que los interesados han tenido la oportunidad de participar en este proceso de actualización, sin que se hayan suscitado protestas ni inconformidades.

Algunas de las "Vedas" datan incluso de la década de los años treintas, aunque hay otras, como la del Río Pánuco, que se decretó en marzo de 1999, y como las condiciones hidrológicas del país, así como sus necesidades, son cambiantes, se ocupa actualizar estos supuestos.

Para la tranquilidad de algunos, es conveniente señalar que estos Decretos no contienen disposiciones que pudieran poner en riesgo el abasto de agua a la población, ya que ésta sigue estando resguardada, ni se modifican los términos de las actuales Concesiones que pudieran ser calificadas de "Privatizadoras", aunque siempre habrá gente mal pensada, o mal intencionada, que busca ver Moros con tranchete en todas y cada una de las acciones gubernamentales.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio de Economía en Pérez Góngora y Asociados.

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Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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