Monterrey

Reelección y paridad

OPINIÓN. La reelección trata de premiar y facilitar la continuidad de quien mejor gobierne, la paridad procura que en la toma de decisiones públicas se incluyan todas las perspectivas de quienes vivimos en México.
LA PROPIA POLÍTICA
Sara Lozano
slozano@ceenl.mx
02 agosto 2017 8:41 Última actualización 02 agosto 2017 8:41
Sara Lozano

Sara Lozano

El duelo de argumentos entre el gobierno del estado de Nuevo León y el Congreso local ya subió a terrenos judiciales. Y todo empezó con posturas diferentes sobre la reelección o la paridad, al menos en lo público mediático. Si bien eran temas por estudiar desde el 2014, el calor de las discusiones me sentó a investigar más. Y creo que el antagonismo entre reelección y paridad es aparente.

La reelección no es un derecho ni es un principio, es la ampliación del derecho a ser votado. Tampoco creo que sea un derecho adquirido porque se trata de una ampliación, no de una limitación. Este derecho al voto fue restringido en la Constitución de 1917 por la realidad vigente del momento. En la reforma electoral de 2014 se elimina esta limitación porque México vive una realidad diferente a casi cien años de distancia, así lo acuerda el Poder Legislativo.

Por otro lado, la enciclopedia jurídica establece que el derecho adquirido prevalece cuando una nueva legislación lo limita, de ser así, el derecho adquirido se perdió en la Constitución del 17, mientras que la reforma del 2014 amplía un derecho vigente.

La diferencia hoy es que una persona en un cargo de elección tiene el derecho a ser votado, por el mismo puesto, dos o cuatro veces si se trata de legisladores o de alcaldías. Para repetir el ejercicio de su derecho necesita el apoyo de un partido político o de cierta cantidad de ciudadanos. Así se fomenta el buen desempeño en beneficio de la ciudadanía, y se premia con la confianza y aceptación para el siguiente proceso electoral.

Si la reelección fuera un derecho adquirido por la persona, los partidos políticos estarían en riesgo de ser secuestrados por cualquiera que presenten a elecciones a lo largo de dos o cuatro periodos. Para salvarse del mandato, tendrían que fundamentar las causas por la cuales suspenden un derecho político, y esto es muy complicado, sólo en caso de cárcel ocurre.

Para el sistema de partidos, la facultad para registrar a sus mejores apuestas estaría limitada. Estaría afectando un derecho adquirido por los partidos políticos, debilitaría el poder de las instituciones que son de interés de público. Todo esto va en contra de la búsqueda del bien común que es la obligación del Estado.

Ahora, la paridad no limita el registro de las mejores personas para puestos de elección, es un principio constitucional que resarce ese bien común a través de la representatividad de la mitad de la población, por eso no pueden ser sólo mujeres las apuestas electorales de un partido. El grado constitucional que tiene la paridad busca la inclusión efectiva de otras perspectivas y formas de liderazgo que han sido omisas por prejuicios de género.

La reelección trata de premiar y facilitar la continuidad de quien mejor gobierne, la paridad procura que en la toma de decisiones públicas se incluyan todas las perspectivas de quienes vivimos en México. El derecho de la persona a ser votado no está en conflicto con las acciones que sean necesarias para obtener una representatividad efectiva en los puestos de toma de decisiones del gobierno.

No hay conflicto en los conceptos, uno es la ampliación de un derecho vigente, el otro es una condición democrática de representación. Si bien no soy abogada, agradezco la inspiración de quienes sí lo son en el sentido más lúcido y profesional que he conocido.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultura a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.